Ecuador. Martes 17 de enero de 2017
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Las Fuerzas Armadas, baluarte de la democracia

Carlos Jijón
Guayaquil, Ecuador

Juan Pablo Albán, el abogado acusador de cinco militares de las Fuerzas Armadas en el caso que por crímenes de lesa humanidad ha impulsado la Fiscalía General, ha dicho que lo que están ofreciendo a los imputados es un derecho que no tuvieron los guerrilleros de Alfaro Vive cuando a comienzos de los ochenta se levantaron en armas contra la democracia: ser sometidos a la justicia dentro de las normas del debido proceso.

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Yo creo que está equivocado. Que los cinco militares del Caso “Cajas Vaca Jarrín” no tienen las garantías de un juicio justo, que han sido sentenciados ya, incluso antes de que empiece el proceso y que es improbable que fuesen declarados inocentes aún si lo fueren. Que existen suficientes indicios para sospechar que no es casual que el inicio del proceso haya coincidido con el comienzo de la campaña electoral, para ser utilizado como telón de fondo de la propaganda ideológica contra la derecha, la prensa independiente y todo aquello que parezca opositor, haya tenido o no relación con los infaustos sucesos del gobierno de Febres Cordero.

Y que el último gran servicio que las Fuerzas Armadas han prestado a la democracia, con la asistencia del Alto Mando a la audiencia en que se iba a procesar a sus compañeros, ha sido precisamente poner en evidencia cuán político era ese proceso que se ha suspendido a la menor sospecha de que podía significar un riesgo político.

No quiero referirme a lo extraño que me parece un juicio por crímenes de lesa humanidad que investiga la desaparición forzada de tres personas que no solo están vivas sino además presentes en la audiencia. El caso (ciertamente repudiable) no es ni remotamente parecido a las tragedias que se vivieron en Chile o en Argentina y a las que se quieren emular. Y uno podría suponer que la única razón para que delitos ciertamente graves pero comunes hayan sido declarados como de lesa humanidad es el interés de poder juzgarlos muchos años después de que prescribieron.

Porque aunque no conozco el proceso en detalle no puedo dejar de observar lo que parece una gran contradicción. O estamos juzgando por crímenes de lesa humanidad a unas Fuerzas Armadas, como institución, a las que se está acusando de haber violado los derechos humanos de manera general o sistemática durante la represión a la guerrilla de los ochenta. O se trata de un proceso a cinco militares a los que se acusa de graves delitos cometidos hace treinta años contra tres personas.

Y no lo voy a mencionar porque de lo que quiero hablar es de esas Fuerzas Armadas a las que en los últimos días he escuchado describir como “soberbias” y aun como “gorilas” y que, a mi juicio, han sido durante los últimos treinta años la más seria y respetable institución de la democracia ecuatoriana. De lejos, mucho más que los partidos políticos, para no mencionar ni al Congreso Nacional, ni aún, en muchos casos, el propio Ejecutivo.

¿No fueron las Fuerzas Armadas las que salvaron la democracia cuando irresponsablemente primero elegimos a Bucaram y luego, violando todas las leyes, seis meses después, también lo derrocamos? ¿No fueron las Fuerzas Armadas las que nos sacaron del precipicio de la dictadura la madrugada esa en que después de derrocar a Jamil Mahuad tres ambiciosos formaron un triunvirato para compartir el poder? ¿No han resistido ahora todos los cantos de sirena para permanecer firmes, ajenas a cualquier bando o partido político que haya intentado cooptarlas?

Las Fuerzas Armadas de la gesta del Cenepa. La de hombres de estado como los generales Richelieu Levoyer, José Gallardo o Paco Moncayo. Las Fuerzas Armadas democráticas que desde que entregaron el poder en 1979 se han comportado siempre leales a las instituciones y no a los gobernantes; las que han defendido nuestras libertades de la aventura totalitaria de unos iluminados. Y que han defendido el principio de no disparar contra el pueblo ni cuando se ha levantado contra los políticos en el poder.

Que algunos de sus hombres deben haber cometido errores, quizás delitos, a lo largo de los años, seguramente es cierto. Que los partidarios de la libertad y la democracia tenemos el deber de defender la institución de proyectos ideológicos que quieren liquidarla, como a la prensa independiente, para sojuzgarnos mejor, también lo es.

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