Ecuador. Jueves 23 de Marzo de 2017
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El peligro del bimonetarismo

Luis Fernando Ayala
Guayaquil, Ecuador

Con la presentación del nuevo paquetazo tributario, el gobierno de Rafael Correa ha dejado en claro que está dispuesto a todo con tal de no reducir el gigantesco gasto público que ha conducido al Ecuador a la presente crisis económica.

Como un adicto a las drogas que no repara en tomar el dinero de los alimentos de sus hijos para saciar su adicción; este gobierno ha optado por el camino fácil de meterle nuevamente la mano a los bolsillos de los ecuatorianos, para seguir financiando el dispendio sin fin que ha representado la década de gobierno de Alianza País.

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Los nuevos impuestos y restricciones a la salida de divisas, no harán sino agravar el problema crónico de nuestra economía: la falta de inversión privada nacional y extranjera, con sus dramáticas consecuencias en el nivel de empleo que ya empezamos a sentir. Esto el gobierno lo sabe perfectamente, pero parece no importarle. El gobierno ha priorizado mantener la farra a cualquier costo; su adicción al gasto público lo ha llevado ya no solo a vender los muebles de la casa, sino que se apresta a vender la casa misma.

Si bien los perjuicios a la economía causados por los nuevos impuestos son graves y pueden terminar profundizando la crisis económica actual; sus efectos palidecen frente a la pretensión del gobierno de implementar un bimonetarismo a través de la emisión de dinero electrónico. La reforma tributaria deja en claro que el gobierno ha retomado la idea de financiar el déficit fiscal a través de la emisión monetaria. Que estemos en una economía dolarizada, dejará de ser una camisa de fuerza para los apetitos fiscales de esta administración, aunque los costos puedan ser incalculables.

Los aparentemente inocentes incentivos tributarios que contiene el proyecto de ley, motivarán a una parte de los agentes económicos a acogerse al esquema de dinero electrónico como una medida racional para reducir en algo, la pesada carga impositiva que el gobierno ha puesto sobre sus hombros. El problema es que para que esta medida funcione, tarde o temprano el gobierno tendrá que implementar algún mecanismo que vuelva de aceptación forzosa al dinero electrónico, ya que de lo contrario tendremos a muchos compradores buscando beneficiarse del incentivo tributario pero a pocos vendedores dispuestos a aceptarlos, sabiendo que se trata de dinero sin respaldo adecuado.

Es ahí donde entra la denominada “Ley de Gresham” que establece que “el dinero malo desplaza al dinero bueno”. No es muy difícil imaginarse como sucedería esto: la gente tratará de deshacerse lo antes posible del dinero electrónico, utilizándolo para la compra de bienes y servicios, mientras que el ahorro se realizará fundamentalmente en dólares, a quienes los usuarios le atribuirán una mayor condición de reserva de valor. Esto traerá como consecuencia necesaria, el establecimiento de un tipo de cambio paralelo; donde una unidad de dinero electrónico se cotizará como un múltiplo de los cada vez más escasos dólares. Si a esto se suma el temor (injustificado o no), de que el gobierno pudiera obligar a los bancos a recibir forzosamente el dinero electrónico para el pago de créditos, las consecuencias a nivel de caída de los depósitos bancarios podría resultar incalculables.

El gobierno ha demostrado que carece de ideas adecuadas para enfrentar la actual coyuntura económica. Bajo un régimen parlamentario, lo mejor que podría pasarle al país es que se convoquen a nuevas elecciones para que sea un nuevo gobierno quien emprenda las correcciones urgentes que la economía requiere; pero ese no es el caso del Ecuador, donde vivimos bajo el mandato de un presidente cuyo periodo debe terminar en mayo del 2017 y no antes.

Pero lo anterior no implica que la sociedad civil no tenga el derecho de expresar su rechazo ante unas medidas que amenazan con dejar efectos devastadores de largo alcance sobre el bienestar de los ecuatorianos. Resulta imperativo que empresarios, trabajadores, partidos políticos y movimientos sociales, realicen todos los esfuerzos necesarios que la constitución y las leyes permiten, para presionar a que el gobierno dé marcha atrás. Si no lo hacemos, estaremos condenados a pagar las consecuencias de un gobierno cuya adicción al gasto público, le ha hecho perder todo sentido de las consecuencias de sus actos.