Ecuador. Lunes 29 de Mayo de 2017
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Estrangulamiento

Juan Carlos Díaz-Granados
Guayaquil, Ecuador

Cuando las salvaguardias fueron implementadas en marzo del año pasado, la Cámara de Comercio de Guayaquil vaticinó que estrangularían la liquidez del mercado.

Se sugirió que sean inmediatamente derogadas porque el mercado se corrige solo, pero el argumento oficialista fue que las salvaguardias solamente afectarían a quienes comían salmón o manzanas chilenas.

Hoy constatamos la realidad.  Las restricciones comerciales son recaudatorias, para que los funcionarios públicos sigan gastando nuestro dinero improductivamente, como por ejemplo, en ciertas empresas públicas que tienen millones de dólares en pérdidas.   Tenemos un exceso de secretarías con rango de ministerio, ubicando a nuestro país entre uno de los que más ministerios tienen en la región.

El Estado debería convertirse en un facilitador del comercio, firmando más acuerdos de libre comercio que nos permitan vender más, no un impedimento del comercio, restando liquidez a la economía.  Si tuviéramos acuerdos comerciales con otros países, podríamos exportar más y traer los dólares que se requieren.

En este afán voraz de apropiarse de la liquidez del ciudadano común castigando más la productividad al país, el poder ejecutivo presenta el proyecto de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, cuyo título, por su contenido, bien podría ser Ley Orgánica para la Aniquilación de la Clase Media y Baja, porque sigue incrementando el precio de productos de consumo masivo, perjudicando a toda la cadena productiva.  Si se consume menos se afecta la economía de las fábricas, los distribuidores, los minoristas (tiendas, bares, restaurantes, almacenes y al turismo que trae dólares), reduciendo aún más el comercio, el circulante y los empleos.

Esta sería la decimotercera reforma tributaria, ratificándonos como un país que cambia las reglas del juego constantemente.  Agregando incertidumbre al comercio.  La única certeza es que los impuestos siguen subiendo y no soportamos más.  Sentimos el peso sobre nuestros hombros.  El Ecuador es un país carísimo para vivir y para hacer turismo.

La solución no es coartar nuestra libertad en la forma de usar el dinero remanente tras pagar impuestos y obligaciones.  Tampoco está en promover el uso del dinero electrónico, porque en el esquema como se lo ha planteado, el Banco Central se podría convertir en emisor (no transmisor) de dinero cada vez que el gobierno requiera dinero.  En ese caso, podría entregar bonos al Banco Central para que deposite dinero electrónico en las arcas públicas.  Ese intercambio de dinero en efectivo por bonos ya sucede con el IESS.  Todo esto suscita más incertidumbre.   El remedio es que el sector público reduzca en miles de millones el gasto público improductivo, no que nos cargue más impuestos para llevarse el producto de nuestro esfuerzo.  El comercio necesita liquidez, para ser productivo y generar empleo.  También acuerdos de libre comercio, una pausa normativa y un gobierno responsable.