Ecuador. Martes 27 de septiembre de 2016
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Chávez, Maduro y el referendo

José Julio Cisneros
Quito, Ecuador

La posibilidad de revocar el mandato de cualquier funcionario elegido por votación popular se instituyó en Venezuela con la aprobación de la Constitución Bolivariana a través de una consulta popular realizada en diciembre 1999, impulsada por el Presidente Hugo Chávez.

Foto Larepublica.ec

Sobre la base de este mecanismo constitucional el mismo Chávez tuvo que enfrentar su referendo revocatorio el 15 de agosto de 2014 y Nicolás Maduro confronta en la actualidad la petición de un trámite análogo en su contra planteado por la Mesa de Unidad Democrática MUD. Vale la pena revisar y reflexionar brevemente sobre las diferentes circunstancias que han condicionado estos procesos y las respectivas reacciones de los dos presidentes.

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El artículo 72 de la Constitución expresa: “Todos los cargos  y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.” Chávez, a su vez, afirmó que “a la mitad del mandato el pueblo debe juzgar a sus gobernantes, someterlos a una evaluación para ver si están cumpliendo o le han dado la espalda a la Constitución Bolivariana”.

En el caso concreto del presidente, el proceso para revocar su mandato luego de que se ha cumplido la mitad de su período establece el cumplimiento de los siguientes pasos: la recolección de firmas de por lo menos el 20 % del total de inscritos en todo el país que apoyen la realización del referendo,  la validación de la firmas por parte del Consejo Nacional Electoral CNE, la subsiguiente votación con participación  de mínimo el 25% de los inscritos, y el triunfo de la oposición con un número de votos igual o mayor al que obtuvo el candidato cuando fue elegido. A través del CNE se establecen plazos para el cumplimiento de estas acciones, plazos que no se cumplen debido a que la verificación y validación de firmas tienden a prolongarse, por razones válidas o por conveniencia del Ejecutivo. Además, se estipula que si la revocatoria se aprueba durante el cuarto de los seis años del período presidencial habrá nuevas elecciones, pero si se da en el quinto año el mandatario revocado será reemplazado por el vicepresidente, que en Venezuela no es elegido por votación popular sino nombrado por el presidente.

Se debe recordar que el 12 de abril de 2002 Chávez tuvo que abandonar el poder debido a la polarización, la violencia y la aprobación de leyes consideradas extremistas que generaron descontento en grupos civiles y militares disidentes pero, con el apoyo de militares leales y de sectores populares que reaccionaron masivamente, regresó triunfal a Miraflores después de dos días. Sin embargo, sobrellevó un paro general que se extendió desde el 2 de diciembre hasta el 3 de febrero de 2003. Su gobierno sobrevivió pero la oposición se preparó para iniciar la recolección de firmas a fin de solicitar el referendo revocatorio; luego de extensos cuestionamientos sobre su validez y las consiguientes y convenientes demoras,  a principios de junio 2004 el CNE anunció que se había aprobado el número requerido para convocar al referendo. Ante su inevitabilidad, pero luego de criticar duramente a la oposición, Chávez le dio un giro positivo, alabó el cumplimiento de la Constitución e hizo una campaña a favor del que denominó referendo “reconfirmatorio” de su permanencia en el poder.  Una clave de campaña fue la oferta y promoción de las “misiones”, diversos  programas de asistencia social, educativa y de salud, siendo la más conocida la “Misión barrio adentro”,  de atención médica especialmente en áreas rurales con la colaboración de personal cubano. El referendo se realizó el 15 de agosto y, a pesar de que  la oposición obtuvo un número de votos mayor al obtenido por Chávez en la elección de 2000, Chávez fue reconfirmado con el 59.10% del sufragio. Desde el inicio de la recolección de firmas hasta la realización del referendo transcurrieron 9 meses.

Nicolás Maduro, por su parte, llegó a la presidencia pre-ungido por Chávez quien, a fines de 2012 en su discurso de despedida antes de retornar a La Habana a fin de continuar con su tratamiento contra el cáncer, exhortó al pueblo venezolano a que lo eligiera como su sucesor. El  5 de marzo de 2013 se anunció su fallecimiento y, esta vez, el CNE  demostró mucha eficiencia al organizar el proceso electoral para mediados de abril, en el que Maduro obtuvo  el 50.66% de votos  y Henrique Capriles el 49.07%.

Carente de experiencia y de un mandato claro y sólido,  Maduro trató de mimetizarse con Chávez, en repetidas ocasiones afirmó “Yo soy Chávez” y admitió el apelativo otorgado por sus partidarios de “hijo de Chávez”.  En su afán de acrecentar la imagen mítica del Comandante ordenó que se añadiera digitalmente su firma al Acta de Independencia de Venezuela, reconociéndole así su calidad de prócer. De otro lado, conocidos son los episodios del pajarito y de la necesidad de pernoctar junto a su tumba a fin de absorber sus ideas y mensajes. Además, sus repetidos lapsus lingüísticos y conceptuales circularon por todo el mundo. Su falta de liderazgo y capacidad política, la escasez de productos básicos,  la violencia delincuencial y la inseguridad internas, las acusaciones de corrupción contra miembros de la cúpula gubernamental, la inflación proyectada para este año en más del 700%,  conjuntamente con las consecuencias de la  caída del precio del petróleo, determinaron que un segmento significativo de la ciudadanía considerase insostenible la situación e invocara el referendo revocatorio a través de la Mesa de Unidad Democrática MUD.

La posibilidad del referendo ha preocupado al gobierno a pesar de que es evidente que el Ejecutivo cuenta con el apoyo del poder electoral y del Tribunal Supremo de Justicia.  Desde un inicio parecía que el propósito del CNE era dilatar el proceso a fin de evitar que la votación se realizara dentro del cuarto año del período de Maduro que se cumple el 10 de enero de 2017. Como primer paso, el CNE concibió y exigió el cumplimiento de un requisito no estipulado en la Constitución: la recolección de firmas del 1% del electorado en cada estado del país en apoyo al referendo. La MUD las recolectó en 5 días y las entregó a principios de mayo pero el CNE se tomó 3 meses, hasta el 2 de agosto, para validarlas. El siguiente paso es la recolección de 4 millones que constituyen el 20% del padrón, mínimo necesario  para activar el referendo. Para esta gestión se acaban de señalar  3 días a finales de octubre, del 26 al 28,  lo que cronológicamente no deja tiempo suficiente para el conteo, la validación y posteriormente la realización del referendo en sí antes del 10 de enero de 2017.

Según encuestas, el 65% de los electores están a favor de la revocatoria. Ya no funciona a favor del gobierno la retórica que responsabiliza de la gravísima situación del país a la burguesía, al imperio, la derecha fascista, los pitiyanquis, los majunches, al mismo tiempo que no asume ninguna responsabilidad. Así, Aristóbulo Istúriz, el vicepresidente que asumiría el poder si se revocase el mandato luego del 10 de enero, afirma que “El desabastecimiento es político, el hambre de nuestro pueblo es política, las colas son políticas, y los que las crean son los enemigos del pueblo.” Además, parecería justificar los obstáculos oficiales contra el referendo al expresar que “toda arbitrariedad  con el fin de alcanzar los objetivos supremos de la revolución es deber ineludible del buen revolucionario.” Declaración ratificada, a su vez, por Diosdado Cabello: “Haremos lo que tengamos que hacer, dentro de la Constitución y la ley, para que no haya revocatorio en 2016, ni 2017, ni 2018.” Y en efecto, esto es lo que ha conseguido el CEN al fijar las fechas de recolección de firmas de manera que se imposibilita la realización del referendo antes del 10 de enero.

Maduro, por su parte, ha mostrado un comportamiento ambivalente. Ordena que el Tribunal Supremo de Justicia declare nulas las decisiones de la Asamblea Nacional, amenaza a los líderes opositores, ordena encarcelamientos, organiza contramarchas pero hace llamados a la paz. Si al enfrentar su momento crítico Chávez ofertó las “misiones”, en la actualidad Maduro solo ha ofrecido aumentar en un 50% el sueldo de los funcionarios públicos (tercero en los últimos meses pero que no alcanza a reducir el impacto de la inflación).

Después de 17 años de revolución bolivariana y de socialismo del siglo XXI el deterioro parecería irreversible y lo que ha  solicitado la oposición no constituye una tentativa de golpe de estado ni una afrenta contra la democracia sino el ejercicio de un derecho constitucional. Para el bien de Venezuela hubiera sido razonable y  justo que Maduro “escuchase” la voz de Chávez plasmada en la Constitución Bolivariana y que las demás autoridades no desestimaran el origen y el mandato de este mecanismo jurídico, respetaran la exhortación de Chávez y, de manera oportuna dieran  lugar al referendo, al pronunciamiento de  la ciudadanía.  La resolución del CNE asegura que no habrá elecciones sea cual fuere el resultado pero no impide que la eventual votación reitere y refleje claramente los sentimientos de la población.

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