Ecuador. Jueves 8 de diciembre de 2016
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El camino de salida, sin constituyente

Fabián Pozo
Cuenca, Ecuador

Detrás de la crisis económica ecuatoriana se esconde una profunda crisis institucional.

La novelería de pasar de los tradicionales tres poderes del Estado a cinco en la constitución de 2008 sirvió solamente para “desciudadanizar” los procesos de selección de autoridades de control bajo el pretexto de “despolitizarlos”. La selección de autoridades se alejó del debate público y se volvió oscura y maleable, detrás de un verde velo tecnocrático.

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El resultado salta a la vista: la falta de independencia y ausencia de fiscalización son innegables, pues el poder de turno aprovechó la “transición” para cooptar todos los poderes y autoridades a través de su influencia sobre este Quinto Poder. Por ello, recuperar la institucionalidad nacional es tan urgente como recuperar la economía.

Algunos sostienen que para esto es necesaria una nueva asamblea constituyente, sin embargo, no consideran el tiempo que llevaría, y no tienen una respuesta clara acerca de qué hacer en el ínterin. Convocar una constituyente tomaría al menos diez meses, llevar a cabo un proceso electoral para elegir a los constituyentes al menos dos meses más, llevar a cabo la Asamblea y aprobar en referéndum la nueva carta magna, tomaría por lo menos otros 10 meses. En resumen, hasta que entre en vigencia una nueva constitución ya estaríamos pensando en las elecciones de 2021.

El país no aguanta tanto tiempo, menos aún considerando que las autoridades de control designadas por este gobierno “sobrevivirían” al resultado de las elecciones de febrero. Por ejemplo, el fiscal acompañará al nuevo presidente hasta julio de 2017, el contralor (a designarse poco antes que se posesione el nuevo gobierno) culminaría su período en abril de 2022, 3 jueces de la Corte Constitucional dejarían su cargo en noviembre de 2018, otros 3 en 2021 y los 3 restantes en 2024, los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana estarán hasta 2020, y parte del CNE estaría hasta 2021.

Por esto, es urgente y necesario buscar una solución alternativa, quizá no definitiva pero práctica, rápida y constitucional. La Constitución permite al Presidente convocar a consulta popular sobre cualquier asunto, entonces, bien podría consultarse al pueblo sobre la necesidad de destituir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana (Quinto Poder) y a las autoridades de control designadas por éste, pues su politización y falta de independencia son un obstáculo para la verdadera vigencia de un Estado de Derecho propiamente dicho.

Para evitar la acefalía, se podría diseñar un mecanismo de transición, mediante una Comisión encargada de designar a las autoridades interinas, que estarán a cargo hasta que se lleven a cabo nuevos concursos de méritos y oposición. La Comisión de Transición sería integrada por personalidades de renombre y probidad notoria, designadas con participación del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organizaciones de la sociedad civil.

Cabe decir que este camino no excluye una reforma constitucional más profunda, que bien podría impulsarse en paralelo, sin embargo facilitaría un “golpe de timón” y de confianza que nuestro país necesita para no hundirse en medio de la tormenta que atravesamos.

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