Ecuador. viernes 17 de noviembre de 2017
  • Seguir en Facebook
  • Seguir en Twitter
  • Seguir en Google+
  • Seguir en YouTube
  • Seguir en Instagram
  • Seguir en LinkedIn

Inversión y canchas inclinadas

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

Dice el ministro de Comercio Exterior, señor Campana, que en gira por China, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Suiza y Noruega “ha recibido 17 cartas de interés… …por las oportunidades comerciales que ofrece Ecuador”.

Enhorabuena, pero mientras eso se concreta no hay que ladear un tema que estorba la llegada de nueva inversión extranjera: la zancadilla que se puso al actual régimen cuando pocos días antes de su posesión se denunció todos los tratados de protección de inversiones, incluyendo con países visitados. Esos tratados, más allá de simuladas declaraciones llenas de “soberanía”, estuvieron vigentes, no es broma, durante todo (pero todo) el régimen Correa.


Publicidad

Entre otras cosas, esos tratados permitían que ciertas controversias por violación de derechos de los inversores sean resueltas en foros neutrales (arbitraje internacional,) en lugar de en la cancha inclinada de los jueces locales.

Tan claro es lo del estorbo que el propio ministro Campana reconoce que la “negociación” de nuevos tratados de inversión “fue un tema de preocupación de los seis países visitados”, y que espera que “en los próximos días” haya un borrador para entregar al presidente Moreno pues aspira conseguir “este año” su renegociación.

Ambicioso el plazo. En todo caso, y al margen de eso, hay pasos más sencillos que pueden ir cambiando el (mal) olor alrededor de la mesa que le dejaron “servida” al actual gobierno.

Primero, dar una orden exactamente contraria a la que dio el expresidente Correa el 5 de octubre de 2012, cuando (con oficio del secretario jurídico) prohibió que la administración pública incluya cláusulas de arbitraje en sus contratos. Segundo, dejar sin efecto el artículo 104 del Código de Procesos, el que, violando una convención internacional de la que Ecuador es parte (la de Nueva York, de 1958), abre la puerta a trampas cuando permite que, antes de ejecutar un laudo internacional contra el Estado, nuestros propios jueces revisen primero si aquel no viola cualquier ley dictada (incluso ad-hoc) por el propio Estado. Otra cancha inclinada.