Ecuador. jueves 14 de diciembre de 2017
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La resurrección de Monstequieu

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

La última vez que unos diputados y jueces constitucionales intentaron detener la realización de una consulta popular fueron destituidos de sus cargos.

Claro que hay diferencias entre lo que sucedió en aquella época y lo que sucede ahora. A diferencia de aquella vez, ahora la actual Corte Constitucional –al omitir un pronunciamiento dentro del periodo que le imponía la ley– ya ha emitido su dictamen favorable (tácito) a las preguntas de la consulta; el presidente ha expedido los respectivos decretos ejecutivos; el órgano electoral ha sido notificado para que instrumentalice el acto electoral; y, este ya ha anunciado la fecha del evento. Es decir, el proceso está en marcha y los plazos corriendo.


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Por ponerse ciertos magistrados a juguetear a la política –esperando que el exdictador regrese, compartiéndole informes supuestamente reservados, como él mismo lo ha dejado entrever, etcétera–, a la Corte se le pasó el tiempo. Como todo órgano público, su competencia también está sujeta a límites temporales; y en este, como en otros casos, la ley otorga ciertos efectos a su inacción para evitar inseguridad jurídica. El procedimiento constitucional no puede ya regresar, sino avanzar a las siguientes fases.

El que unos fanáticos del exdictador hayan impugnado la inconstitucionalidad de los decretos ejecutivos, alegando que violaron un reglamento, solo demuestra ignorancia y desesperación. Los decretos presidenciales no han violado la Constitución, y si violaron un reglamento –reglamento que carece de eficacia si contradice a una ley–, el órgano que debe decidir esta impugnación es un tribunal de lo contencioso administrativo, y no la Corte Constitucional. Como ella misma lo ha dicho en infinidad de casos, su misión no es resolver disputas sobre violaciones de leyes secundarias, y menos de reglamentos, es decir, para usar su frase favorita, no está allí para resolver “asuntos de mera legalidad”, sino únicamente violaciones constitucionales.

Todo esto ocurre mientras el jefe de la mafia, el capo di tutti capi, que nos gobernara, sigue desafiando la paciencia de los ecuatorianos. No contento con haber liderado el régimen más corrupto de la historia ecuatoriana, ahora hace gala de su impunidad, impunidad que le concede el andamiaje que él dejó instalado para tal propósito. Hasta tuvo el cinismo de regresar a Esmeraldas, la escena donde su pandilla cometió uno de sus crímenes más graves, como fue el saqueo de la repotenciación de la refinería allí ubicada. Ni los falsos testimonios de quienes quieren protegerlo, ni las evidencias abrumadoras, ni los elementales principios de toda investigación de delitos de crimen organizado (seguir las mentiras lleva al dinero) son suficientes para que las autoridades lo llamen a declarar, o le inicien una indagación fiscal, aprovechando su bochornosa presencia.

Lo que sí ha causado hilaridad es escuchar al exdictador, entre las pifias y el rechazo del pueblo, cómo ahora anda predicando sobre los peligros de la falta de división de los poderes, y de su independencia. Después de haberlo asesinado a Montesquieu, parecería que ahora lo ha resucitado; aunque sea porque le conviene. (O)