Ecuador. sábado 16 de diciembre de 2017
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Acción Ecológica defiende su actividad ante proceso de disolución

Acción Ecológica. Foto de Archivo, La República.

Acción Ecológica afirmó en un comunicado que sus objetivos son “promover la defensa de los derechos de la naturaleza con el fin de asegurar la preservación de un medioambiente sano y alcanzar los derechos del buen vivir, promoviendo el respeto integral”.


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La organización también niega haber incumplido la normativa interna, asegura que “se ciñe estrictamente al ordenamiento jurídico” y que actúa en plena armonía con el Plan Nacional del Buen Vivir, que promueve el Gobierno.

Ese plan, según Acción Ecológica, busca optimizar la gestión ambiental participativa y el control social para la conservación de la biodiversidad, así como alcanzar “una cultura de paz y sostenibilidad” en territorios bajo régimen especial, como la zona amazónica.

En cuanto a los problemas relacionados con la actividad minera, la organización consideró que para alcanzar la paz es necesario “un baño de verdad sobre lo que está ocurriendo en esos territorios del país”.

El Gobierno de Ecuador notificó a la organización Acción Ecológica el inicio de su proceso de disolución “por alejarse de sus fines” y de los “objetivos por los que fue creada, promocionando la violencia y la discordia social”, acusación que fue negada por dicha entidad.

El Ministerio del Interior señaló hoy que la ONG “ha dejado clara su postura de apoyo en redes sociales a los actos violentos” ocurridos en la provincia de Morona Santiago el 21 de noviembre y el 14 de diciembre y ha “participando en movilizaciones que promocionan la discordia y enfrentamientos con la fuerza pública”.

Un policía murió y otros cinco resultaron heridos, al igual que dos militares, el 14 de diciembre en el campamento minero La Esperanza, en el sector de San Carlos-Panantza, al ser atacados, según el Gobierno, por personas de la etnia shuar que se oponen a la minería y reclaman tierras cedidas en concesión a empresas mineras.

Según indicó el ministerio en un comunicado, actividades como las realizadas por Acción Ecológica “atentan contra la seguridad interna del Estado, afectando a la paz pública”.

Agregó que “la sociedad civil y las organizaciones, colectivos, asociaciones pueden actuar libremente bajo los parámetros legales constituidos y expresar con toda libertad sus ideas”, pero no hacer “una apología de acciones criminales o incurrir en acciones políticas apartadas de la función que han registrado en defensa de la naturaleza”. (I)