Para evitar una crisis severa, el nuevo Gobierno debe restaurar la confianza

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17 May 2017

Sobre el muy complejo escenario económico que heredará el Presidente electo, Lenín Moreno, se ha hablado y escrito mucho. La gravedad de la situación –sobre la que varios analistas han venido advirtiendo y que el gobierno saliente insiste en desconocer– se refleja en un abultado e insostenible déficit fiscal (que deriva en elevadísimas necesidades de financiamiento) y en un mercado laboral que, lejos de generar puestos de empleo adecuados, los está destruyendo, lo que afecta al consumo y a la calidad de vida de los hogares. En este contexto, si bien el nuevo Presidente ha prometido un “cambio de estilo”, que implica rebajar el nivel de confrontación, en materia económica los cambios que lleve adelante deben ser de fondo e ir enfocados, más allá de la gradual pero impostergable corrección de las cuentas fiscales, hacia la recuperación de la confianza de los agentes económicos privados.

Las expectativas de los agentes, un tema ampliamente estudiado en la teoría económica, deben ser –junto con los impactos sociales, fiscales, ambientales, etc.– uno de los elementos centrales en el diseño de una política pública. Lamentablemente, el gobierno saliente no parece haber incorporado ese elemento en muchas de sus decisiones, como la creación del ISD, que desmotivó el ingreso de capitales al país, o la aprobación de la Ley de Plusvalía, que según voceros de la construcción ha impactado de manera negativa en el sector, o la reciente decisión de la Asamblea de denunciar los tratados bilaterales de inversión firmados por el Ecuador, lo que puede reducir aún más el ya insuficiente flujo de inversión extranjera directa.

En ese contexto, es necesario que el nuevo gobierno, desde el primer día de su administración empiece a dar señales que puedan recomponer la menguada confianza del sector privado (de hecho, lo recomendable sería que no espere hasta el 24 de Mayo). No nos referimos únicamente a la confianza del sector empresarial, vital para reanimar la inversión y la consecuente generación de empleo, sino también de las personas y hogares, cuyas decisiones de consumo se basan, en buena parte, en sus percepciones sobre la situación económica presente y futura.[1]

Las medidas que el nuevo equipo económico diseñe, por lo tanto, deben enviar señales positivas y contundentes sobre la sostenibilidad de la dolarización (que se puede ver seriamente afectada si se decide usar al dinero electrónico como un mecanismo para cubrir el déficit fiscal), la estabilidad del sistema financiero (una parte de cuyas reservas han sido utilizadas por el Banco Central para prestar dinero al Ministerio de Finanzas) y la salud de las finanzas públicas (el primer Presupuesto General del Estado que elabore el nuevo gobierno tiene que mostrar un verdadero compromiso por corregir –insistimos, GRADUALMENTE– los desequilibrios heredados). Esto, junto con la estabilidad normativa tan demandada por los empresarios en los últimos diez años, esfuerzos por mejorar las condiciones de acceso de productos ecuatorianos a mercados relevantes y acciones que permitan ir recuperando paulatinamente la competitividad de la producción nacional, permitirá que el país salga del atolladero en el que se encuentra.

Por el contrario, si el nuevo gobierno se obstina en mantener un modelo económico insostenible y envía señales contradictorias que generen incertidumbre (o la acrecienten) en empresas y personas, puede provocar que la situación económica, ya de por sí complicada, derive en una crisis muy severa, con los consecuentes costos sociales.

Desde este espacio de opinión y análisis, hacemos un llamado al gobierno cuya gestión inicia en una semana, para que las decisiones que adopte tengan como objetivo principal el bienestar de los ciudadanos, para lo cual es indispensable una economía sana y dinámica, y no los intereses particulares de un movimiento político.

 

[1] Pese al repunte que, desde diciembre del año pasado, muestra el Índice de Confianza del Consumidor que calcula el Banco Central (repunte que creemos que está relacionado con la insostenible estrategia del Gobierno saliente de inyectar a la economía recursos procedentes de nueva deuda, lo que permitió elevar transitoriamente la actividad y el consumo), ese indicador sigue en niveles muy inferiores a los alcanzados en años de alto crecimiento económico.

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