El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, remitió este jueves a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para el «Desarrollo económico y sostenibilidad fiscal», primero de tres que tiene previsto en su paquete fraccionado de reformas que fueron rechazadas el mes pasado.
«Ha sido elaborado recogiendo las sugerencias de varios sectores sociales y políticos del país», dice un comunicado de la Presidencia en el que se informa de la entrega del proyecto a la Asamblea y de los cambios ejecutados.
Y asegura que la nueva reforma legal cumple «con los principios de progresividad y justicia tributaria» y, tras su aprobación, el Gobierno espera recaudar «más de 1.900 millones de dólares» en sus primeros dos años.
En una entrevista este jueves a Efe, Lasso explicó que «de acuerdo con el trámite constitucional, como es ley con carácter de urgencia, su trámite tomará alrededor de 30 días, y dependiendo de los resultados, con el veto, tomará 15 adicionales».
Con ello el mandatario ha aceptado la posición del Legislativo de no enviar todo el paquete completo, sino de hacerlo por fases: a la primera, seguirá la ley de reforma laboral y, después, la de inversiones.
Ecuador pasa por una crisis desde 2019 que se agravó con la pandemia, y que el nuevo Gobierno, que llegó al poder en mayo, quiere corregir con un amplio espectro de reformas que son criticados por los legisladores opositores, con los que Lasso mantiene una relación complicada.
Según la Presidencia, con el nuevo plan fiscal, el 96,6% de la población económicamente activa no se verá afectada, dado que «el principal esfuerzo recaerá en quienes ganan más de 5.000 dólares al mes, tienen un patrimonio mayor a un millón y las mayores empresas del país».
«Quienes ganan entre 2.000 y 5. 000 mensuales harán un pequeño aporte, proporcional a su nivel ingreso», asegura.
El anterior proyecto fue devuelto sin ser discutido por los legisladores en la Asamblea, la mayoría de los cuales se oponen a las ideas de Lasso, que llaman «neoliberales». La decisión de no evaluar la ley vino del Consejo de Administración Legislativa por supuestos errores técnicos que la harían inconstitucional. Lasso consideró esto un bloqueo a sus intentos de gobernar, alegando que la constitucionalidad de una ley no puede ser definida por tal organismo.
La nueva ha sido impulsada, según el Ejecutivo, tras «una serie de diálogos con diversos sectores para alcanzar consensos y perfeccionar el componente tributario del proyecto original».
«De esta manera, se definió, en la nueva propuesta remitida a la Legislatura, que aquellas personas naturales que tengan un patrimonio superior al millón de dólares (o más de dos millones en sociedad conyugal) realicen, por única vez, una contribución temporal».
También fija que, durante dos años, las empresas más grandes y solventes del país, con un patrimonio mayor a cinco millones, hagan «una contribución solidaria del 0,8%».
Otro aspecto que aborda la reforma es el de bienes en el extranjero, e insta a la lucha contra la elusión tributaria al insistir «en la necesidad de que reportar a la autoridad tributaria las inversiones que los ecuatorianos tengan en el exterior». EFE (I)