Para el día viernes 15 de julio de 2022 se prevé que el Pleno de la Asamblea debata la Ley de Libertad de Expresión que fue enviada por el Presidente Guillermo Lasso, la cual busca sustituir a la llamada «Ley Mordaza» que es como comunmente se le conoce a la Ley Orgánica de Comunicación entrada en vigencia durante el correísmo.
El legislador Ramiro Narváez, lo señaló luego de que después del paro nacional se reportaron 242 vulneraciones a la libertad de expresión con más de 114 periodistas agredidos según varios observatorios como FUNDAMEDIOS.
César Ricaurte, a los asambleístas les dijo que preocupa la postura tanto de Pachakutik como del correísmo que buscan que se elimine la opinión como parte del derecho a la libertad de expresión.
«Además que se atribuyen responsabilidades civiles por expresarse y opinar libremente», alertó Ricaurte.
Por ello, Nathalie Arias, de la alianza CREO-BAN precisó que se debería perfeccionar el informe de mayoría ya que para su criterio
«Sería terrible que se apunte al informe de minoría, porque es retroceder a la primera versión de la ley mordaza y que además contemplaba mucho castigo y mucha penalización a quien ejerce el periodismo», dijo Arias.
Por su lado, el correísmo tachó de «libertinaje» a la autorregulación y destacaron que ésta no les corresponde a los medios.
Reacciones del correísmo y aliados
Tanto Pachakutik rebelde y el correísmo están de acuerdo que la autorregulación dejaría en «indefensión» a las audiencias.
Así lo indicó Paola Cabezas de UNES.
Ángel Maita de Pachakutik, indicó que son las élites las que están a cargo de la comunicación. El asambleísta indicó:
«Es necesaria una democratización de la comunicación o elegir entre dos modelos: o la clase elitista que responde a las clases dominantes o el lado de los campesinos y vulnerados». dijo Maita.
Resaltó, además, para su criterio, que existe un monopolio de los medios de comunicación.
La norma presentada por el Presidente Guillermo Lasso propone derogar la Ley de Comunicación excepto los artículos que fomentan la producción nacional en publicidad, regulación de propaganda estatal y el régimen del espectro radioeléctrico.