En el marco del proceso de fiscalización sobre posibles irregularidades cometidas por operadores de justicia en el contexto del conflicto armado interno que atraviesa el país, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, en Quito, recibió el pasado miércoles, 25 de junio, la intervención de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.
Durante su comparecencia, Godoy advirtió que la Función Judicial está en una situación de emergencia debido a la vulnerabilidad de sus funcionarios.
“Es importante que los informes reflejen la grave crisis en la que está sumida la Función Judicial. Estamos aquí para decir la verdad y que ustedes evalúen lo ocurrido con los 18 vocales que han integrado el Consejo de la Judicatura”, dijo.
Godoy expuso imágenes y datos que evidencian una crítica situación estructural, marcada por la escasez de jueces y fiscales, deterioro de instalaciones, ausencia de tecnología y falta de insumos. Estos factores han provocado que más del 50% de las unidades judiciales se encuentren en estado de alerta, comprometiendo seriamente el acceso a una justicia rápida y eficiente.
Según explicó, la grave carencia de jueces ha llevado a un colapso procesal, con una carga de trabajo excesiva que genera demoras importantes y acumulación de causas.
Jueces suspendidos
Respecto a los jueces que han sido suspendidos temporalmente, indicó que se están siguiendo los procedimientos legales correspondientes, y que aquellos que no tengan cargos en su contra serán restituidos y recibirán el pago de sus sueldos por el tiempo que estuvieron fuera de sus funciones.
Godoy también denunció un abandono prolongado hacia la Función Judicial, afirmando que «se ha optimizado cada recurso disponible». Como respaldo, presentó un video que ilustra las precarias condiciones de muchas dependencias judiciales.
Detalló que existen 437 oficinas judiciales en el país, de las cuales 166 están en estado crítico: sin personal suficiente, con una carga procesal excesiva y expuestas a riesgos por la presencia del crimen organizado. Asimismo, informó que 69 oficinas se encuentran en estado de alerta por retrasos significativos y falta de tecnología. Solo 108 están consideradas de bajo riesgo, aunque tampoco en condiciones ideales.
En cuanto al personal, señaló un déficit de 753 jueces a nivel nacional: 11 en la Corte Nacional, 57 en las Cortes Provinciales, 46 en los Tribunales Distritales, 53 en los Tribunales Penales, 470 en las Unidades Judiciales y 116 en las unidades constitucionales.
Godoy también subrayó deficiencias importantes como la falta de jueces especializados, un sistema informático obsoleto e inseguro —con el 89 % de los equipos de red descontinuados—, y un presupuesto insuficiente que agrava aún más la crisis.
Al cierre de la sesión, Ferdinan Álvarez, presidente oficialista de dicha comisión, anunció que la investigación continuará con el objetivo de garantizar la transparencia en los procesos judiciales.
Comisión de Fiscalización y Control Político
- Ferdinan Álvarez (P) ADN7
- Nathaly Morillo (VP) ADN7
- Fabiola Sanmartín ADN7
- Ana Belén Tapia ADN7
- María Villacreses ADN7
- José Nango PK18
- Janeth Bustos RC5
- Fricson George RC5
- Nakin Saant RC5
- Ana Herrera RC5
Nota por: David Josue Quispe Franco.
