Guayaquil, Ecuador
El Banco Central del Ecuador acaba de confirmar que el crecimiento económico de nuestro país fue de 3,7% el año anterior, confirmando la recuperación frente a la recesión del año 2024. Esto se dio principalmente por el aumento de las exportaciones, la inversión y el consumo de los hogares.
Aunque esto es positivo porque significa más producción y empleo, el aumento de la actividad económica no será sostenible mientras el gobierno no cumpla con ciertas funciones esenciales que garantice la actividad privada como motor de la economía.
La función básica de los gobiernos debe ser la defensa de los derechos de propiedad a través de leyes abstractas y de carácter general para todos. El Estado debe establecer el marco jurídico y normativo. Fijar las reglas del Juego y hacerlas cumplir.
Proteger los derechos de propiedad privada implica también que el estado garantice el cumplimiento de los contratos voluntarios, mantener el orden legal y no pretender establecer resultados.
En los países en que se fomenta un sano crecimiento sostenido sus Estados y leyes son más compatibles con el libre mercado, la inversión privada, la seguridad jurídica y las funciones del gobierno reducidas y limitadas.
En el nuestro en cambio, tenemos una constitución que desconfía y limita del capital privado para invertir en ciertos sectores considerados estratégicos, esto como excusa de proteger la soberanía del país, pero que no ha sido más que una imposición ideológica y una camisa de fuerza para resolver los problemas estructurales del Ecuador.
El problema no es solo constitucional, los gobiernos durante muchos años han mantenido una intervención sistemática en los mercados, volviéndolos altamente regulados, con límites a la competencia, precios regulados, cambios normativos y fiscales de forma reiterada, y un caduco código laboral.
Y poco se hace por cambiar y mejorar esta realidad, mantener un marco institucional adecuado es importante porque cuando los derechos de propiedad no son seguros, ya sea por expropiaciones, regulaciones excesivas, altas impuestos confiscatorios o altas tasas de criminalidad, desaparecen los incentivos a ahorrar, invertir y producir.
Cuando esto sucede la economía se sumerge y se puede tardar años en salir y revertir esta situación. Por lo que mientras no se corrijan las reglas que frenan y espantan la inversión seguiremos celebrando recuperaciones pasajeras en lugar de construir prosperidad duradera.