Quito, Ecuador
“No hemos adelantado las elecciones, sino las votaciones”, dijo Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, y todo el mundo se quedó perplejo, pues esta sutil distinción borraba de un plumazo siglos de certezas.
Todos los ecuatorianos, nuestros ancestros incluidos, habíamos vivido en el error, sin tener el más mínimo atisbo de que estábamos equivocados. Sabemos, ahora, que votar por alguien, o a alguien, como se dice en España, no es escogerlo ni elegirlo. El que dice comicios o votaciones para referirse a las elecciones, tal y como con su agudeza característica nos lo ha hecho notar Diana Atamaint, está absolutamente errado.
Cuando más débil es una democracia, cuando más injustificables son las decisiones de los que gobiernan, con mayor frecuencia las autoridades y otros funcionarios recurren a la manipulación lingüística. La pretensión es asociar las palabras que vienen del poder con la técnica y el conocimiento experto. Diana Atamaint distingue votaciones de elecciones desde su puesto de presidenta del Consejo Nacional Electoral, es decir, desde su condición de experta.
Para el político que debe justificar lo injustificable, los hechos no cuentan, sino las palabras. Su área de operación se circunscribe al ámbito estrictamente lingüístico, donde las palabras, separadas de la realidad, se refieren solamente a sí mismas. En consecuencia, el discurso político que llega hasta nosotros no es otra cosa que el discurso de lo que no es.
La manipulación lingüística mientras más aleja a la palabra de su referente en la realidad más la acerca al disparate y a la mentira flagrante. Con lo cual sus agentes pierden credibilidad y legitimidad.
En la pendiente del deterioro democrático, lo que no es se va convirtiendo en el fundamento de la política. Se dijo, para impedir que Alexandra Villacís asumiera la presidencia del Consejo de la Judicatura, algo que no sucedió en la realidad: que estaba impedida de ejercer un cargo público. Y de esta referencia a lo inexistente nacieron varias decisiones políticas cuestionables, como aquella, tomada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, de enviar al Consejo de Participación Ciudadana la terna para nombrar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, cargo que, legalmente, debía asumir Villacís.
Hablar para sortear los hechos y las normas establecidas, es decir, lo que es, indica que los principios de realidad y legalidad han dejado de guiar las decisiones de quienes nos gobiernan.
Los actuales procesos de selección y nombramiento del fiscal y el presidente del Consejo de la Judicatura muestran, de otro lado, la quiebra de la visión tecnocrática de la política que nos impuso la Asamblea de Montecristi, autora de la Constitución vigente.
El discurso meritocrático es un intento por despolitizar la política y sustituirla con la técnica. Un intento, por tanto, de seleccionar a funcionarios tan relevantes para el Estado, como el fiscal general de la nación, a través de un proceso técnico, cuando, en la realidad, la gestión del poder del Estado, que comprende también la administración de justicia, no puede ser sino política.
Abolir la política es una vieja aspiración del marxismo. Algo que, según Marx y Engels, se conseguiría con el advenimiento del comunismo y la sociedad sin clases. Pero sustituir los procesos políticos por procesos técnicos lo único que ha hecho es ocultar los intereses políticos que están detrás de tal o cual nombramiento e impedir que la nominación de funcionarios de alta relevancia -como el fiscal general de la nación- sea parte del debate y la negociación entre las fuerzas políticas representadas en el congreso.
Tanto la manipulación de la palabra como el nombramiento de funcionarios de alto rango por medios aparentemente no políticos son formas de simulación que tratan de inculcar en los ciudadanos la idea de que la técnica es la base de las decisiones de quienes manejan la cosa pública y de que estas decisiones son correctas en la medida en que estén justificadas por la palabra de los técnicos o de los que se presentan como tales.
En cuasi democracias como la nuestra, en las que la independencia de poderes no existe, los funcionarios de los distintos poderes del Estado actúan como ilusionistas, titiriteros de las palabras, y, simulando pureza, se presentan como expertos independientes del gobierno. Pero, en ese afán, caen muchas veces en el ridículo y la desvergüenza, cuando no en la ilegalidad.
Todos los gobiernos, incluso los totalitarios, necesitan justificar sus acciones. Y mientras más ilógicas, absurdas y contrarias a la razón sean las justificaciones de un gobierno mayor será el nivel de arbitrariedad con la que ese gobierno actúa. “No adelantamos las elecciones, sino las votaciones”, dijo Diana Atamaint. Eso lo aclara todo.