El Gobierno de Hong Kong solicitó este jueves al Tribunal Superior la confiscación de bienes del magnate Jimmy Lai, en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, tras su reciente condena a 20 años de prisión por delitos relacionados con colusión con fuerzas extranjeras y sedición.
La Administración hongkonesa informó de la medida en un comunicado publicado hoy en su página web, en el que indicó que la petición se presentó ante el Tribunal de Primera Instancia con el objetivo de confiscar activos vinculados a los delitos por los que fue condenado el empresario.
Según el Gobierno de la región semiautónoma, la solicitud se basa en la legislación vigente, que permite incautar «los ingresos, fondos y herramientas» relacionados con actividades que pongan en riesgo la seguridad nacional, siempre que se cumplan los requisitos legales establecidos y previa autorización judicial.
La publicación señaló que este tipo de medidas constituye un mecanismo para «combatir delitos graves y proteger el interés público» y subrayó que la confiscación de bienes busca impedir que los condenados o sus asociados puedan utilizar esos recursos para continuar actividades que vulneren la ley.
Lai, fundador del diario prodemocrático Apple Daily, fue condenado el pasado febrero en la antigua colonia británica a 20 años de prisión tras un proceso que se prolongó durante más de dos años y que se desarrolló sin jurado ante jueces designados para causas de seguridad nacional.
El tribunal lo declaró culpable de «conspiración para coludir con fuerzas extranjeras» y de «publicar material sedicioso», al considerar que utilizó el periódico y su red de contactos internacionales para promover sanciones contra los gobiernos hongkonés y chino tras las protestas de 2019.
La Ley de Seguridad Nacional, impuesta por Pekín en junio 2020 tras esas protestas, ha sido criticada por gobiernos occidentales y organizaciones de derechos humanos por su impacto en libertades y garantías.
El caso ha suscitado reacciones internacionales que han cuestionado el proceso y pedido su liberación, mientras Pekín y las autoridades hongkonesas defienden que se trata de un procedimiento ajustado a la ley y rechazan cualquier injerencia externa. EFE (I)