La Audiencia Nacional española rechazó la entrega a EE. UU. por un delito de narcotráfico de Wilmer Chavarría ‘Pipo’, presunto líder de Los Lobos, la banda criminal más poderosa de Ecuador, y que fue interrogado en España por la Fiscalía ecuatoriana por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.
Las autoridades estadounidenses le reclamaban por su supuesta participación en una operación de narcotráfico para la introducción de cinco kilos de cocaína en California.
No obstante, Chavarría está aún pendiente de que se resuelva otra petición de entrega a su país para cumplir una condena de 16 años de cárcel por tres homicidios el 3 de julio de 2010 durante un tiroteo, tras el asalto a una sucursal bancaria en el que fueron sustraídos 38.000 dólares.
Tras celebrar esta semana la vista de extradición, la sección tercera de lo Penal resolvió en un auto, al que ha tenido acceso EFE y contra el que cabe recurso ante el pleno, que no procede su entrega a EE. UU. porque los hechos contenidos en la reclamación «son imprecisos», lo que «impide valorar la conducta cometida por el reclamado y el cumplimiento de los principios de doble incriminación y especialidad».
La reclamación estadounidense, que apoyó la Fiscalía, relata que desde fecha desconocida y al menos hasta 2022, Chavarría se encargaba de distribuir grandes cantidades de cocaína desde Ecuador a otros países de Sudamérica y Centroamérica, para su posterior exportación a Estados Unidos, y que controlaba varios puertos en Ecuador para traficar con toneladas de cocaína.
Sin embargo, la sala observa que los hechos imputados al reclamado en la declaración jurada del agente de la DEA en la que se sustenta la acusación contra Chavarría, referidos al año 2023, «estarían fuera del marco temporal acotado».
De este modo, la Audiencia Nacional concluye que los hechos mencionados «no serían suficientes para sustentar un procesamiento o una orden de detención», ya que «son imprecisos en cuanto a concretas importaciones de cocaína a los EE. UU., momentos en que se produjeron o descripción de alguna circunstancia concurrente que permitiera identificar, al menos aproximadamente, que esas importaciones habrían tenido lugar en el espacio temporal acotado y que habrían llegado hasta Estados Unidos».
Pese a todo esto, la Audiencia rechaza las alegaciones de la defensa de Chavarría relativas a que la petición de esta extradición ocultaría una operación coordinada entre Ecuador y Estados Unidos que podría derivar en una futura entrega del reclamado a su país.
Esta presumida «instrumentalización», alegó la defensa, se desprendería de las declaraciones del ministro del Interior ecuatoriano y del hecho de que la detención del reclamado en España se habría producido antes de que se hubiere formulado la acusación contra él en EE. UU.
La sala desmiente también esta alegación al señalar que existía una orden de detención contra él emitida por el Tribunal de Distrito Sur de California previa a la acusación formal.
Tampoco es obstáculo para acceder a la extradición, añade, que la pena prevista para el delito objeto de reclamación sea cadena perpetua, «pues puede condicionarse la entrega a que el Estado requirente dé garantías de que, en caso de imponerse dicha pena», esté sujeta a revisión y no sea «de por vida».
Pipo fue capturado en noviembre de 2025 en Málaga (sur de España), adonde había llegado en 2022 con una identidad falsa desde Colombia tras fingir su muerte en Ecuador y al parecer se habría operado siete veces el rostro para no ser reconocido.
Tras su detención en España, fue interrogado en prisión a petición de la Fiscalía ecuatoriana como investigado en relación al asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio en 2023 y aseguró que el crimen fue ordenado por el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ante el temor de que el asesinado ganara las elecciones de 2025. EFE