Hoy, viernes 24 de julio, se retoma la fase final del juicio del Caso Triple A para continuar con la práctica de pruebas de los procesados restantes, buscando evitar nuevas dilaciones por parte del tribunal. Éste busca avanzar sin interrupciones en la recta final del juzgamiento que lleva más de cuatro meses. La audiencia se lleva cabo en el Complejo Judicial Norte en Quito.
Por otro lado, se continuará con la incorporación y práctica de las pruebas de las defensas y partes involucradas.
El proceso investiga a 22 implicados (entre personas naturales y jurídicas), incluido el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por presunto comercio ilegal de combustibles.
Entre las pruebas entregadas para fundamentar la acusación constan registros de abastecimiento que, de acuerdo con los informes periciales incorporados al expediente, presentan supuestas inconsistencias técnicas que la acusación considera incompatibles con un consumo normal de combustible.
Tribunal busca cumplir el cronograma de audiencia sin dilaciones
Los cuatro meses de juzgamiento han estado a cargo del Tribunal Anticorrupción integrado por los jueces Jorge Sánchez (ponente), Clara Soria y Víctor Barahona. En la primera parte de la diligencia y hasta el 14 de junio último intervino la fiscal Ruth Amoroso, de la Unidad de Investigación Selecta Especializada en Transparencia uno, y las acusaciones particulares: la ARCH y la Empresa Pública Petroecuador, con la presentación de la carga probatoria que mantienen para acusar a los 22 procesados.
El presidente del tribunal dejó constancia de que la agenda apretada de los integrantes de la Sala y el riesgo inminente de caducidad de la medida cautelar de prisión preventiva en Triple A «imponen la obligación de cumplir el cronograma sin dilaciones».
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos Xavier y Antonio Alvarez, su primo Antonio Viteri y otros 18 procesados más enfrentan una audiencia de juzgamiento por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución de productos derivados de petróleo, figura ubicada en el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (I)