La audiencia de formulación de cargos contra la excandidata presidencial Luisa González y otras tres personas continúa en el Cuartel Modelo de Guayaquil, más de siete horas después de su instalación cerca de la medianoche del 22 al 23 de octubre de 2026. Hasta el momento no se ha conocido una resolución del juez sobre los cargos por presunto lavado de activos ni sobre posibles medidas cautelares, incluida la prisión preventiva. La diligencia se desarrolla de forma reservada.
La jornada de González comenzó la madrugada del jueves 22 de octubre en Canuto, parroquia del cantón Chone, en Manabí, donde mantiene su residencia. Agentes del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), enviados desde Quito, allanaron su vivienda y la detuvieron en el marco de una operación conjunta de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional. Fotografías difundidas por medios y redes sociales la muestran dentro de la casa, con camisa blanca y jeans, en presencia de agentes armados y documentos.
Tras el operativo, fue trasladada bajo fuerte resguardo policial a Guayaquil. Llegó al Cuartel Modelo alrededor de las 11:00. Allí permaneció durante toda la tarde y la noche, mientras en los exteriores se concentraban militantes de la Revolución Ciudadana en señal de apoyo y se registraba la presencia de su defensa, incluida la llegada de Alexis Mera, exsecretario jurídico del gobierno de Rafael Correa. El juez Harry Navarrete, de la Unidad de Garantías Penales y Flagrancias de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado (sede en Quito), convocó inicialmente la audiencia para las 22:00. El intento falló por problemas de conexión con las personas detenidas. Se reprogramó para las 23:30 y se instaló cerca de las 23:50, según la Fiscalía. Desde entonces, González, junto con Santiago Díaz, Estefanía Molina y Wendy Onofre, permanece en la diligencia.
El caso Laberinto investiga un presunto delito de lavado de activos relacionado con el financiamiento de la campaña presidencial de 2023 de la Lista 5 (Revolución Ciudadana), en la que González fue candidata a la Presidencia y Andrés Arauz a la Vicepresidencia. Según la Fiscalía, se indaga el uso de recursos de origen ilícito provenientes de la comercialización ilegal de hidrocarburos para financiar publicidad electoral. El expediente tiene su origen en observaciones del Consejo Nacional Electoral y una causa ante el Tribunal Contencioso Electoral (expediente 575-2025-TCE) por inconsistencias en aportes y gastos de campaña. El TCE impuso una multa solidaria de 18.000 dólares a González, Arauz y Molina, que fue pagada y archivada en la vía electoral, pero remitió copias certificadas a la Fiscalía mediante oficio, lo que dio origen a la noticia del delito por lavado de activos (ingresada el 14 de octubre de 2026). Reportes de medios que citan el expediente señalan posibles montos cercanos a 500.000 dólares o más, con referencias a empresas vinculadas a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil procesado en otros casos.
Además de González, en la audiencia figuran tres personas:
- Santiago Díaz Asque (también identificado como Joseph Santiago Díaz Asque), exasambleísta y exjefe de campaña de la Revolución Ciudadana. Ya se encontraba privado de libertad por una condena en primera instancia de 29 años y cuatro meses por violación a una menor de edad. Había testificado previamente en el caso Caja Chica.
- Estefanía Elizabeth Molina Freire, exasistente de González y responsable del manejo de las cuentas de la campaña de 2023. También fue sancionada en el expediente electoral del TCE.
- Wendy Lorena Onofre Gaibor, secretaria del movimiento Renovación Total (RETO, lista 33). Se entregó voluntariamente a las autoridades en Guayas el 22 de octubre. Ha sido dirigente de ese movimiento y tuvo funciones en el Municipio de Guayaquil (administración de Álvarez) y en la Gobernación del Guayas durante el gobierno de Correa.
La Fiscalía General del Estado es la que formula los cargos; no se han difundido públicamente los nombres de fiscales específicos asignados más allá de la Unidad de Fiscalía de Administración Pública. El juez que preside la audiencia y debe decidir sobre la formulación de cargos y las medidas cautelares es Harry Navarrete.
La Revolución Ciudadana ha calificado la detención como persecución política. Hasta la última información disponible de la mañana del 23 de octubre, la audiencia seguía en curso y no se había conocido decisión alguna. (I)
