Revelan que Lugo recurrió a la Embajada de EE.UU. antes de caer

ASUNCION (AP) — Cuando Fernando Lugo ya no tenía a quien acudir en su solitaria batalla por conservar la presidencia, el ex obispo apeló a lo que muchos en América Latina consideran desde hace tiempo la autoridad suprema de la región.

Pidió ayuda del gobierno estadounidense.

Salió disimuladamente del palacio presidencial y se reunió por más de una hora con el embajador estadounidense James Thiesen mientras los legisladores se preparaban para entablarle al día siguiente un juicio político. Y mientras el líder de izquierda estaba almorzando con el embajador, la oposición derechista también se puso en contacto con la embajada estadounidense en las horas previas a la destitución del mandatario.

Los planteos que hicieron ambos bandos en estos momentos críticos, y la respuesta de Estados Unidos, son un misterio. Thiesen declaró a The Associated Press que no haría comentarios hasta que se difundiese el martes el informe de una delegación investigadora de la Organización de Estados Americanos.

En público, el Departamento de Estado se mantuvo neutral, por más que la destitución de Lugo conmocionó a Paraguay y líderes regionales hicieron presión sobre su pobre vecino, que carece de salida al mar, para evitar lo que ahora califican como un «golpe institucional».

Las teorías de la conspiración abundan en Latinoamérica, pero la realidad es que no había mucho que pudieran hacer Estados Unidos y otros gobiernos para proteger a Lugo, según el ex diplomático estadounidense Arturo Valenzuela, quien opinó que la incapacidad del mandatario para hacer alianzas políticas lo expuso a lo largo de toda su presidencia a un juicio político.

En esta ocasión, sin embargo, había un abrumador sentimiento entre los legisladores paraguayos de que era hora de acabar con el enigmático gobierno de Lugo. La votación fue 76-1 en la cámara baja para enjuiciarlo, y después de un apresurado juicio político al día siguiente, los senadores votaron 39-4 a favor de la destitución del presidente.

Lugo, cuya elección en 2008 con una ventaja de 10 puntos por encima de varios rivales puso fin a seis décadas de gobierno del Partido Colorado, era distante e incluso misterioso como gobernante. Casi nunca explicó sus decisiones y raramente hablaba con los medios de comunicación. Al final, después de que casi todos sus aliados paraguayos lo habían abandonado, sus intenciones eran aún más difíciles de entender. El cambió de rumbo varias veces, al decir que aceptaría el veredicto de juicio político para después desafiarlo.

Mientras que Estados Unidos se mantuvo al margen, otros países de la región intentaron salvar a Lugo. Y fracasaron. Los cancilleres de una docena de naciones de América del Sur en la organización UNASUR volaron juntos a Asunción para presionar a los legisladores paraguayos, y se encontraron con que estaban abogando con más fuerza contra la destitución que el propio Lugo.

El canciller venezolano Nicolás Maduro se reunió en privado con los cuatro jefes de las fuerzas militares paraguayas, lo que provocó acusaciones del nuevo gobierno de que exhortó a los líderes militares a usar la amenaza de la fuerza para impedir la destitución. El gobierno venezolano niega esos señalamientos.

Altos diplomáticos de Argentina y Brasil confrontaron al vicepresidente paraguayo Federico Franco, y supuestamente amenazaron con sanciones financieras si no suspendía la votación en el Congreso.

Los cancilleres visitantes hicieron un último intento de persuadir a los propios senadores, sin ningún resultado.

«Creo que está fuera de lugar que los cancilleres tengan tanta intromisión en los asuntos internos del Paraguay», dijo el senador Miguel Carrizosa del partido Patria Querida, quien describió la gestión como un «abuso de la diplomacia».

Cuando destituyeron a Lugo, Unasur y Mercosur suspendieron a Paraguay en represalia y Lugo pidió esta semana a la OEA que suspenda también a Paraguay, al tiempo que comparó el trato que le dieron con el recibido por Manuel Zelaya, el presidente hondureño sacado del país en pijamas en un golpe en el 2009.

El gobierno de Barack Obama ha tomado distancia en este tipo de crisis políticas. En Libia, Egipto, Siria y ahora Paraguay, se ha remitido a las organizaciones regionales y los países vecinos, dejando que otros tomen la iniciativa al describir y defender lo que es mejor para la democracia.

Algunos partidarios de Lugo están furiosos con Estados Unidos por no hacer más.

El Departamento de Estado se ha limitado a emitir unos pocos comunicados cautelosos, negándose a describir el juicio político como un golpe y sin criticar demasiado el apuro de los senadores por destituir al mandatario.

La postura estadounidense obtuvo un apoyo clave esta semana de la Human Rights Foundation de Nueva York, organización sin fines de lucro que estudió a fondo al golpe de Honduras para la OEA y fue muy crítica del Departamento de Estado en esa ocasión.

«Lo que pasó en Paraguay no tiene nada que ver con lo que sucedió en Honduras hace tres años», afirmó Javier El-Hage, director de asuntos legales de la fundación, quien opina que el nuevo gobierno paraguayo debería ser reconocido plenamente.

«El presidente Lugo fue destituido legalmente, mediante un juicio político, convocado sobre bases ambiguas pero legítimas y constitucionales. Los principios, más que la política, son lo que deberían primar en las evaluaciones de la OEA y de los demás en la comunidad internacional».

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