Washington, 19 jul (EFE).- El mexicano Emilio Álvarez Icaza fue nombrado hoy nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en sustitución del argentino Santiago Canton, y deberá afrontar un cuestionado proceso de reforma de la institución.
Álvarez Icaza, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal mexicano (CDHDF), fue elegido nuevo secretario ejecutivo de la CIDH después de las entrevistas que los siete comisionados de la entidad realizaron hoy en Washington a los cinco finalistas a optar al cargo.
«La selección de Emilio Álvarez Icaza fue el resultado de un proceso amplio, abierto, transparente y participativo», destacó en un comunicado la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que vela por el respeto de los derechos humanos en el continente.
Tras la elección, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, designó a Álvarez Icaza como nuevo secretario ejecutivo de la CIDH «en aplicación de las atribuciones» que le conceden la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Estatuto de la Comisión.
El mexicano sustituirá a Canton, que ocupó el cargo durante once años y lo abandonó el pasado 30 de junio para trabajar en el Centro Robert F. Kennedy (RFK) para la Justicia y los Derechos Humanos, de Washington.
El nuevo secretario de la CIDH es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de México (UNAM), donde trabaja actualmente como profesor, y miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), que encabeza el poeta Javier Sicilia.
Álvarez Icaza compitió por el cargo con la estadounidense Elizabeth Abi-Mershed, hasta ahora secretaria ejecutiva de la CIDH en funciones y que trabajó como adjunta de Canton desde 2007.
También estaba entre los finalistas el guatemalteco Frank La Rue, relator especial de la ONU para la promoción y protección de los derechos de libertad de opinión y expresión desde 2008.
Los otros dos aspirantes eran peruanos: Sofía Macher Batanero, que ha trabajado para la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y Javier Hernández Valencia, actual representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Los cinco finalistas fueron anunciados el pasado 1 de julio, después de un proceso abierto en mayo en el que se recibieron 111 candidaturas.
La CIDH indicó hoy que «valora que, durante este proceso, los Estados miembros y los órganos políticos de la OEA, así como los sectores de la sociedad civil, hayan respetado el principio de autonomía e independencia de la Comisión Interamericana para la adopción de esta decisión».
Álvarez Icaza deberá lidiar ahora con un proceso que empezó el pasado enero, cuando los Estados miembros de la OEA aprobaron una serie de recomendaciones no vinculantes para reformar la CIDH.
Algunas organizaciones civiles y el propio Santiago Canton han denunciado que esas recomendaciones son un intento de limitar la autonomía de la CIDH por parte de gobiernos como los de Ecuador o Venezuela, sobre los que la Comisión ha emitido informes que han considerado polémicos o han rechazado.
Durante la 42 Asamblea General de la OEA, celebrada en junio en Cochabamba (Bolivia), los cancilleres del continente aprobaron el informe sobre esas recomendaciones elaborado por Insulza, aunque dieron a los Estados seis meses para decidir si las convierten en obligatorias.
Insulza respalda al menos dos de las recomendaciones más cuestionadas: la que pide modificar el estatuto de la CIDH para que deba consultar a los Estados antes de emitir medidas cautelares y la relativa al Capítulo IV del informe anual.
El secretario general de la OEA cree que se deben revisar los criterios, metodologías y procedimientos para la elaboración de ese capítulo, en el que la Comisión identifica a aquellos países que necesitan mejorar en su respeto a los derechos humanos.
En un encuentro con periodistas tres días después de abandonar su cargo, Canton aseguró que quien le sustituya deberá afrontar presiones «constantemente, de manera diaria, de los Estados miembros y de la secretaría general» de la OEA y tendrá un reto difícil con el proceso de reforma.
Canton denunció la presión de Insulza para tratar de forzar su salida de la CIDH, que se sumó a sus tensiones con Venezuela, que le acusa de haber reconocido al breve Gobierno de facto que encabezó el empresario Pedro Carmona tras el golpe de Estado de 2002 contra el presidente Hugo Chávez. EFE