Por Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
Es comprensible que los diferentes partidos y movimientos –inclusive aquellos afines ideológicamente– no hayan podido unirse para las próximas elecciones. La política en el Ecuador sigue dominada por la fragmentación y el personalismo. Cierto es que sí se han logrado algunos avances en este respecto pero son muy débiles aún. Un paso significativo en esa dirección bien podría ser un acuerdo mínimo para restituir la institucionalidad democrática en el país. Parece estar emergiendo en el espectro político una dosis de consenso: que el Ecuador necesita recomponer sus instituciones.
Ya sea que se trate de aquellas organizaciones que en su momento apoyaron al régimen, pero que luego se separaron, como aquellas que desde el inicio estuvieron en la oposición, así como las nuevas que han entrado a la palestra; en todas puede observarse ese común denominador. Los últimos cinco o seis años se han profundizado las peores prácticas políticas que florecieron bajo la llamada “partidocracia”. En buena parte ello ha sido facilitado por ciertas falencias de la Constitución de Montecristi, y en buena dosis por los peculiares rasgos autoritarios de quien nos gobierna. Para lo primero sí hay un remedio. Y es la de embarcarse en un proceso, por muy complejo que parezca, de ajustes normativos a la Constitución para desterrar de ella aquellos enclaves que han facilitado y puedan seguir facilitando en el futuro la entronización de un régimen dictatorial.
Por ello es que se impone como necesidad urgente que los diversos actores converjan en un programa mínimo de ciertos cambios constitucionales y que sea incorporado en sus plataformas electorales más allá de sus particulares propuestas de gobierno. Para prosperar ese programa mínimo debería dejar de lado visiones ambiciosas de transformación y limitarse a abordar solo aquellos asuntos en que podrían converger los movimientos que estuvieron muy cercanos al “espíritu” de Montecristi.
Una prohibición tajante a la reelección presidencial inmediata con candados adicionales como el de excluir esta prohibición de cualquier reforma constitucional futura y sancionar severamente a quienes indirectamente busquen eliminarla. Una prohibición constitucional inequívoca a la propaganda oficial disfrazada de informes de labores. Sustituir el sistema de veto presidencial que hoy existe por el sistema tradicional que siempre existió en el Ecuador hasta 1998. Asegurarse la autonomía e independencia de los organismos electorales. El sistema actual en el que dichos organismos están controlados por un solo movimiento ha fracasado, no ofrece garantías a ninguna fuerza política que no esté asociada con el Gobierno. La fiscalización legislativa debe modificarse para que sea el pleno de la Asamblea el que asuma esa responsabilidad. La independencia de la Función Judicial y de los órganos de control frente al Ejecutivo que hoy es prácticamente nula puede alcanzarse en parte con ciertas reformas puntuales. Y, finalmente, la eliminación de la llamada quinta función del Estado.
La agenda podría incluir otros temas, obviamente. Pero habría que evitar el riesgo de crear resistencias. En un segundo momento bien podrían plantearse cambios más profundos que garanticen no volver al presente. Quien mucho abarca poco aprieta.