Brasilia, 17 dic (EFE).- El Supremo Tribunal Federal de Brasil concluyó hoy el «juicio del siglo» con la condena de 25 políticos y empresarios y la destitución de tres diputados por el escándalo de corrupción que puso en jaque al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en 2005.
El juicio concluyó hoy, después de 53 sesiones, con penas de cárcel que suman 279 años por las corruptelas de las que se valió el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) para financiar ilegalmente la campaña electoral de 2002 que llevó a Lula al poder y para sobornar a parlamentarios a cambio de apoyo político.
En la última sesión, la corte decidió destituir de sus escaños a los tres actuales diputados que fueron condenados, João Paulo Cunha, del PT; Valdemar Costa Neto, del Partido de la República (PR), y Pedro Henry, del Partido Progresista (PP), todos aliados de la presidenta Dilma Rousseff.
El caso tuvo 37 acusados, de los cuales 25 resultaron culpables y 12 fueron absueltos, y además de las condenas de cárcel se dictaron multas que llegan casi a 20 millones de reales (unos 10 millones de dólares).
Los condenados aún están en libertad a la espera de que el Supremo publique oficialmente la sentencia, lo que probablemente solo ocurrirá el año que viene dado que la corte entra en receso esta semana.
La Procuraduría General de la República estudia la posibilidad de pedir la ejecución inmediata de las sentencias, sin esperar a posibles recursos de los reos.
Los condenados más importantes son políticos de la cúpula del PT muy cercanos a Lula, quien no figuró entre los acusados y ha estado al margen de todo el proceso, entre ellos, el exministro de la Presidencia y «mano derecha» del expresidente, José Dirceu.
Dirceu, fiel escudero de Lula, fue considerado el «jefe» y responsable de la red de corruptelas y por ello recibió una sentencia de diez años y diez meses de prisión.
Además fueron condenados el expresidente del PT José Genoino y el antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares, ambos del entorno más íntimo de Lula.
El magistrado más contundente en sus argumentaciones fue el entonces presidente del Supremo, Carlos Ayres Britto, quien sostuvo que el PT fraguó un proyecto de poder comparable con un «golpe» para perpetuarse en el Gobierno.
Ayres Britto reforzó la tesis de que Dirceu era el jefe de la red de corrupción y que en los primeros años del Gobierno de Lula «era plenipotenciario» y operaba como un «primer ministro» con independencia del entonces presidente.
El PT, partido que enarboló la bandera de la ética desde su fundación, ha cerrado filas en torno a sus exdirigentes, continúa negando la compra de votos a diputados de otras formaciones y ha acusado a la oposición y a la prensa de orquestar una campaña en su contra.
El partido gobernante se ha ofrecido inclusive a ayudar a sus cuatro afiliados a pagar las multas que les ha impuesto la corte, que suman alrededor de 1,5 millones de reales (unos 750.000 dólares).
El propio Dirceu se ha proclamado «víctima» de un «tribunal de excepción» y de un «juicio político» y sostiene que no hay pruebas materiales en su contra, a pesar de las 44.265 páginas y 600 testimonios que recopiló en la acusación el procurador general de la República, Roberto Gurgel.
La pena más dura le fue aplicada al publicista Marcos Valerio Fernandes, quien puso dos de sus empresas al servicio de la red tejida por el PT y fue condenado a 40 años de cárcel.
Después de conocer su condena, Fernandes trató de negociar con el Supremo una reducción de pena ofreciendo implicar en la trama al propio Lula, a quien acusó de «saber de todo» e incluso de haber obtenido beneficios «personales» de la red.
El intento de Fernandes fue ignorado por la corte, que ha rechazado la posibilidad de revisar el caso, pero volvió a proyectar el escándalo sobre Lula, quien ya no está protegido por el foro privilegiado que supone el Supremo.
Lula rechazó manifestarse sobre el caso desde que el juicio comenzó, el pasado 2 de agosto, pero esta semana se vio obligado a decir que las acusaciones de Fernandes, desveladas por la prensa, son «mentira».
Todas las sesiones del juicio han sido retransmitidas en directo por la televisión, a pesar de lo cual, parece haber tenido escasa repercusión política entre los brasileños.
El PT fue el partido más votado en las elecciones municipales celebradas en octubre, durante los días más calientes del juicio, y tanto Lula como Rousseff mantienen elevadísimas tasas de popularidad, según las encuestas más recientes. EFE
* Foto difundida por EFE
allá los destituyen y acá les hacen homenajes de desagravio… cosas de la revolución !
Si fueran asambleistas no alineados con el gobierno correrían peor suerte, si son los sirvientes APes ya les hubieran hecho homenaje y dirían que todo es un montaje de la prensa «corrugta» y la partidocracia.