Por Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador
Cuando a mediados de año se discutía en la Asamblea el proyecto -ahora ley- que permite, en los casos de compañías que deben al Estado, levantar el llamado velo societario y llegar «hasta el último nivel de propiedad» se puso como condición que la compañía hubiese sido «usada para defraudar». Quedó muy claro, por tanto, que se trataba de una excepción a la regla general, que sigue vigente en la Ley de Compañías, de que los accionistas, por el solo hecho de serlo, no son responsables de las deudas de la compañía. Tan claro era el asunto que, en el texto aprobado, se insistió en que el «uso para defraudar» era un caso de «abuso de la personalidad jurídica», frase que se introdujo hasta entre paréntesis, para resaltarla.
Consecuentemente, para que funcione la excepción que permite cobrar a los accionistas se requiere, como dice la ley aprobada, que la compañía hubiese sido «usada para defraudar»; por ejemplo, si sus bienes fueron traspasados a otra sociedad controlada por los mismos accionistas para burlar el derecho del acreedor a embargarlos, lo que -obviedad- debe ser argumentado. Y probado.
Pero resulta que torturando la ley, la lógica y hasta el idioma, ciertos recaudadores coactivos están pretendiendo leer la reciente reforma en sentido radicalmente opuesto al que tiene. La leen como si dijese algo como «los accionistas de una compañía responden siempre por las deudas de esta». En esa forma, sin siquiera tomarse la molestia de explicar por qué tal o cual compañía hubiese sido «usada para defraudar», de un plumazo «hacen extensiva» la coactiva a los accionistas de la deudora, por el solo hecho de serlo. Esto está pasando, según información en mi poder, en la Corporación Financiera Nacional, por lo menos con uno de sus «jueces» de coactiva.
Si los principales ejecutivos y el directorio de la CFN no lo sabían, pues ya lo saben. Como seguramente también saben que, según la Constitución de Montecristi, en casos de flagrante abuso, como el relatado, el Estado, con nuestros impuestos, debe indemnizar al afectado, y luego repetir contra los funcionarios responsables. O mejor dicho irresponsables.