En nuestra generación estamos acostumbrados a entender a los derechos humanos como algo establecido desde siempre. Somos ajenos, sin embargo, a que su reconocimiento fue producto de diferentes conquistas históricas que a lo largo de varias centurias significaron no pocas vidas sacrificadas y no pocas injusticias cometidas.
El Ecuador entero se encuentra conmovido por el fenómeno punitivo del momento: la prisión de aquellas personas que excedan el “rango moderado” de velocidad previsto en el Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Lo que sucede es jurídicamente una barbaridad. Revisemos por qué. Constituye un dogma jurídico y de política criminal que las personas pueden guardar prisión cuando han vulnerado un bien jurídico de notable importancia en función de la valoración que la sociedad haga de ese bien, como por ejemplo la vida, la integridad sexual, la dignidad humana, etcétera. En otras palabras, cabe guardar prisión porque el acto contrario a Derecho es realmente nocivo para la sociedad. Según los penalistas, la prisión es “la última ratio” en el ejercicio de poder punitivo del Estado.
En los últimos 15 días diferentes catedráticos de todo el país, editorialistas, autoridades universitarias y asociaciones de profesores y de universidades se han dirigido al presidente de la República, a los miembros de los órganos reguladores y al país para expresar sus preocupaciones y posibles discrepancias sobre procedimientos y normativas que se supone permitirán implementar cambios cualitativos en la educación superior del país. A estas alturas, casi a los dos años de aprobada la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, resulta inevitable que diferentes actores que participan en el proceso de transformación de la educación superior tomen la palabra y expresen sus acuerdos y desacuerdos.
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