WASHINGTON (AP) — El Congreso está finalmente a punto de terminar su presupuesto para el 2013, que entró en vigencia el primero de octubre y finaliza el 30 de septiembre, con un plan bipartidista para financiar el gobierno. Empero, las profundas diferencias en la Cámara de Representantes y el Senado acerca de cómo reducir el gasto gubernamental y el déficit a largo plazo no dejarán de salir a la luz.
El Senado se disponía a aprobar en las próximas horas un plan general de gastos tras superar ayer un procedimiento burocrático por votación de 63-35. La Cámara, que aprobó su versión hace dos semanas, seguramente aceptará la medida y la remitirá al presidente Barack Obama para su firma.
Por otra parte, la Cámara controlada por los republicanos y el Senado de mayoría demócrata preparan esta semana presupuestos diametralmente diferentes para el próximo año y los sucesivos.
Los proyectos son no vinculantes y mayormente simbólicos aunque opuestos, al mismo tiempo que el presidente Barack Obama desearía un acuerdo que eleve los impuestos con algunas reducciones del gasto mayores a los sugeridas por los demócratas.
Los presupuestos de la Cámara y el Senado en años sucesivos no tienen posibilidad alguna de llegar a ser ley dada la división de poderes en Washington, donde los demócratas controlan la Casa Blanca y el Senado y los republicanos la Cámara.
Los representantes republicanos propusieron un plan que reduce los beneficios sociales, las partidas de los organismos federales como el FBI y el Servicio Nacional de Parques, y el programa de cupones de alimentos. Los senadores demócratas se contentan con elevar los impuestos en casi 1 billón de dólares a lo largo de 10 años y anular los recortes presupuestarios en vigencia que afectan al Pentágono y los servicios sociales.
La medida presupuestaria republicana de la Cámara, si llega a ser ley, promete equilibrar el presupuesto a fines de esta década; el presupuesto del Senado aumentaría de forma notable el déficit en años sucesivos aunque con la promesa de estabilizar la deuda soberana en proporción a la economía, que según algunos economistas es una medida esencial para evitar una situación como la de Grecia y otras naciones europeas.