Alberto Molina
Quito, Ecuador
En relación a la decisión del gobierno del Presidente Correa de explotar el ITT, vale la pena transcribir in extenso el artículo “¿Puede un pequeño pueblo poner en jaque a una nación?” de Javier Ponce, otrora poeta y escritor irreverente, defensor de la libre expresión, de la libertad de presa, de los indios y crítico acérrimo de los militares (Exministro de Defensa y actual ministro de Agricultura), publicado en el portal de la organización ecologista Terramérica, el 2 de febrero de 2004.
“En el centro de la Amazonía ecuatoriana se libra, desde 1996, una pugna entre la pequeña población kichwa de Sarayacu y la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC) que adquirió en ese año los derechos de explotación petrolera en el espacio conocido como `bloque 23´
La comunidad de Sarayacu, cuyo nombre legendario significa `Río de maíz´, abriga a unos mil indígenas que defienden su derecho a mantener el bosque virgen en una extensión de 135 mil hectáreas.
El conflicto ha alcanzado ribetes violentos. Una minoría indígena se inclinó en favor de la petrolera a cambio de unos 200 mil dólares de compensación en obras comunitarias y ha realizado varios ataques armados contra la dirigencia de Sarayacu. Entretanto, el gobierno presidido por el coronel Lucio Gutiérrez (hijo de colonos amazónicos) ha ofrecido militarizar la región para asegurar la presencia de la CGC. Pero se trata de algo más que una disputa por petróleo. Allí se pone en jaque la vigencia de una concepción de Ecuador como una nación y un Estado unitarios y homogéneos, que ignoró históricamente la existencia de las naciones indias.
Sólo la decisión de Sarayacu de proclamarse como Territorio Autónomo de la Nación Originaria del Pueblo Kichwa es ya un modo de reivindicar una historia propia y negar la imposición de otra ajena; es ya un acto de `subversión´.
Allí entran en juego no sólo las metas económicas de un régimen urgido por petróleo para `hacer honor´ a la deuda externa de alrededor de 15 mil millones de dólares, sino la estructura político-administrativa del país y una democracia que no entiende la dimensión de las autonomías y la autodeterminación planteada por las organizaciones indígenas de la Amazonía.
Y si algún sector ha defendido esa concepción del Estado unitario ha sido el militar, que hoy encabeza el gobierno y la política petrolera ecuatorianos.
A pesar de la visibilidad y presencia determinante que alcanzó el movimiento indígena, la sociedad dominante sigue subestimando las posibilidades de un futuro que se apoye en la explotación sustentable de recursos, que ha sido practicada durante siglos por pueblos ancestrales y que ha permitido que regiones como Sarayacu conserven en un noventa por ciento su condición de mayor reserva de bosque nativo en Ecuador.
El problema de Sarayacu es visto como una nostalgia ancestralista que obstaculiza la extracción de la riqueza petrolera. Y la exigencia de la comunidad de que su territorio (cuya legalización fue arrancada al Estado ecuatoriano en 1992) sea excluido a perpetuidad de los bloques petroleros y reconocidos como zona de interés biológico, constituye una amenaza para esa visión unilateral. Cada cierto tiempo, la CGC vuelve a intentar la reanudación de su exploración sísmica. En dos ocasiones, la administración de Gutiérrez ha intentado presionar al pueblo de Sarayacu.
En mayo de 2003 lo amenazó. En diciembre volvió a hacerlo. Ha expedido órdenes de captura contra los dirigentes indígenas, que sólo han podido desvirtuarse por la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso de Sarayacu permite reflexionar sobre dos aspectos sustanciales: la racionalidad de intensificar la explotación petrolera que ha devastado enormes zonas de selva, sin haber permitido un progreso en las condiciones de vida de los ecuatorianos; y la necesidad de comenzar a pensar y construir un país fundado en la plurinacionalidad y la interculturalidad, sin prejuicios ni imposiciones.
El interrogante que se abre, sin embargo, es si una lucha de un pequeño pueblo, en una región secularmente aislada por el Estado, va a modificar el modo como una república se ha conducido por cerca de dos siglos.
Hay una Constitución que reconoce los derechos ancestrales de las naciones indias sobre sus territorios. ¿Entenderá la realidad los preceptos escritos en una Constitución?
De todos modos, los meses que vienen serán cruciales para la resistencia de Sarayacu. De lo que ocurra allí, uno de los centros históricos de mayor poder del universo kichwa a dos días de viaje fluvial de Puyo, capital de la provincia de Pastaza, van a depender los términos con que el Ecuador continúe su política petrolera y minera en la Amazonía”.
Las conclusiones las saca usted estimado lector.