El Procurador del Estado, Diego García, anunció que el Estado ecuatoriano acogerá la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH que ordenó indemnizaciones a 27 exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia y de 8 vocales del Tribunal Constitucional, en el año 2004, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, informó Diario El Universo.
La Procuraduría anunció que notificará estas sentencias al Ministerio de Justicia para su cumplimiento, pero también para el inicio de «acciones de repetición a favor del Estado» y en contra de las autoridades o instituciones que provocaron la destitución de los exfuncionarios.
Según la resolución de la Corte, el Estado deberá pagar $ 60.000 como indemnización por “daño inmaterial” tanto a los exmagistrados como a los exvocales del TC. También se contempla una cifra por “daño material” más las costas judiciales. Esta cifra llegaría a $ 1,7 millones para los dos grupos.
Con esta sentencia, señaló el procurador en un comunicado, que el «Tribunal Interamericano señaló que con el pago de una indemnización se cerró categóricamente las puertas a la posibilidad de que sean reincorporados a sus cargos».
La CDH, que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), fijó el plazo de un año para que Ecuador cumpla con la sentencia sobre la cual deberá entregar los respectivos informes.
Las sentencias se dictaron la última semana de agosto y en las que se afirma que el Congreso Nacional de ese entonces no tenía potestad para separar de sus cargos a los magistrados quienes calificaron de una “cesación arbitraria” y la violación de los derechos a las garantías judiciales, la independencia judicial, la garantía de imparcialidad y de acceder a un recurso judicial efectivo.
* Foto de 2004, publicada por El Universo.