BOGOTA, Colombia (AP) — La capital colombiana enfrentaba este martes un incierto futuro político luego de que su alcalde Gustavo Petro fuera destituido del cargo, una medida que rechaza y que dice resistirá con el apoyo de sus simpatizantes.
Desde un balcón de la Alcaldía, ubicada frente a la céntrica Plaza de Bolívar, Petro, un ex guerrillero y ex senador de 53 años, convocó a que sus seguidores se mantengan en vigilia en la plaza y se manifiesten allí de forma pacífica a partir de hoy en defensa de su gestión.
Bogotá, de ocho millones de habitantes y la principal ciudad del país, cayó en un estado de crispación tras un fallo del procurador general, Alejandro Ordóñez, quien la víspera destituyó al alcalde y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años tras considerar que Petro violó las leyes al intentar cambiar por decreto el sistema de recolección de basura de la capital colombiana en diciembre de 2012, lo que generó por tres días un caos en las calles, llenas de bolsas de desperdicios.
La decisión de la Procuraduría, que en Colombia es una instancia facultada constitucionalmente para imponer sanciones administrativas, no penales, puede ser apelada por el alcalde ante el mismo despacho de Ordóñez, considerado un conservador, y que ha impuesto sanciones similares a decenas de alcaldes, gobernadores y ex ministros desde que asumió el cargo en 2008, irónicamente con el voto de Petro, quien era entonces senador. Ordóñez fue reelegido por otros cuatro años y se posesionó en enero.
Por las normas colombianas, una vez Petro apele el fallo, la Procuraduría tiene dos meses para decidir si mantiene la decisión, la revoca o modifica y si decide mantener la destitución entonces debe llamarse a nuevas elecciones. Petro ganó los comicios en octubre de 2011 por 700.000 votos y asumió la alcaldía el 1 de enero de 2012 por cuatro años.
Petro ha dicho que se mantiene en el cargo hasta tanto sea ratificado el dictamen.
El alcalde, que fue un combativo legislador denunciando desde actos de corrupción hasta los lazos del paramilitarismo con la clase política, ha presentado la decisión de la Procuraduría como una lucha entre los sectores de avanzada y liberales contra los «fascistas» como califica a Ordóñez.
Petro «tiene que asumirla (acatar el fallo) porque es parte de las reglas de juego. Esa misma institucionalidad también fue la que le confirió el rango de alcalde y todos aceptaron y respetaron eso», dijo en diálogo telefónico con The Associated Press el doctor en ciencias políticas y columnista Pedro Medellín.
«Tiene que acatarlo porque así a uno no le gusten las decisiones, son decisiones que hay que respetar», añadió Medellín, quien dijo no ver relación entre el caso del alcalde y los actuales diálogos de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se desarrollan en La Habana desde fines de 2012. El alcalde también ha insistido en que con su destitución se busca cerrar el paso a la participación política de personas que como él se alzaron en armas y que eso era un riesgoso precedente en caso miembros de las FARC, que negocian abandonar las armas y pasar a la política.
Para «Bogotá viene una labor fuerte, va a haber una campaña política dura para la alcaldía, no va a ser fácil de ninguna manera y va a estar marcada por una tensión muy fuerte», indicó Medellín.
«Acá la política se volvió un asunto de peleas personales… me preocupa el mensaje que le está quedando a la opinión pública: la agresividad, las rencillas, los rencores», dijo Juan David Cárdenas, politólogo y profesor de la Universidad de la Sabana, en Bogotá. El discurso de Petro «hace parte del ambiente de polarización en el que se mueve la sociedad» colombiana. Pero «para nadie puede ser bueno que a un alcalde lo destituyan y que la ciudadanía entre en incertidumbre», dijo.