El asambleísta de Pachakutik Cléver Jiménez ha asegurado que el régimen planea condenarlo, meterlo a prisión «y luego un plan para asesinarme». Jiménez ha dado tales declaraciones en su oficina de la Asamblea Nacional, en Quito, que fue allanada por la Fiscalía la medianoche del 26 de diciembre de 2013, un día antes de que fuera allanada también su casa.
«Han pasado por encima de mi inmunidad parlamentaria, han violado todo proceso legal y constitucional, y han venido a robarse computadoras e información de mi oficina», ha dicho Jiménez, sobre quien ya pesa una sentencia condenatoria a año y medio de prisión por haber dicho que el Presidente Rafael Correa no estuvo secuestrado durante el 30S.
Jiménez mostró a la prensa el interior de la oficina y un sobre vacío donde dijo se encontraban 257 páginas que contenían denuncias e investigaciones sobre temas como Seguros y del Ingenio La Troncal Ecudos. También dijo que se llevaron un computador, pero anunció que todos los respaldos los tiene fuera del país «a buen recaudo».
Anunció un juicio en contra del fiscal general, Galo Chiriboga, y del juez de la Corte Nacional de Justicia, Jorge Blum, «quien autorizó el allanamiento sin que exista un proceso judicial que levante la inmunidad parlamentaria».
Jiménez es objeto de una indagación fiscal por presunto espionaje al Presidente Rafael Correa, según reveló el portal del diario oficial El Telégrafo, citando al Fiscal General Galo Chiriboga.
En noviembre pasado, el Fiscal General informó que se recibió la denuncia contra el legislador y que se habían ordenado algunas pericias judiciales.
“El señor Jiménez está reconociendo que ha espiado o que si no es él el que directamente espió, es partícipe de ese espionaje, cuyo resultado lo tiene él. Este caso, sin duda, tiene referencia a la campaña que Ecuador está haciendo por el tema Chevron, por lo tanto se ve que estas personas que accedieron a los correos del Presidente y del Vicepresidente están, al parecer, vinculadas con el caso Chevron”, dijo entonces Chiriboga.
Los correos electrónicos del presidente y el vicepresidente fueron presentados por Chevron en el proceso que inició en Nueva York por presuntas irregularidades en el millonario juicio que perdió en Ecuador por daños ambientales. El juez norteamericano, sin embargo, consideró que la información no era relevante y la desestimó antes de que pudiera ser revelada.
Pero Jiménez se convirtió en sospechoso de espionaje porque reveló parte de esas comunicaciones internas y acusó a la Procuraduría de contratar el bufete de abogados Foley Hoag pese a que la firma había trabajado para Chevron. También reveló que algunos funcionarios del actual Gobierno fueron los que libraron de responsabilidad ambiental a Texaco-Chevron, cuando trabajaban en el Gobierno de Jamil Mahuad.
El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, instó a Jiménez a revelar quién le había entregado los mensajes interceptados al Gobierno y pidió a la Fiscalía que iniciara un proceso penal en contra del asambleísta. El pedido se hizo durante una de las cadenas nacionales que emite el Gobierno para informar de sus actividades, el pasado 9 de noviembre.
Días antes, Jiménez describió las acusaciones de espionaje de “ridículas”.
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