LA HABANA (AP) — Un ruido estruendoso, como de tren al pasar o de explosión, sacudió en la madrugada a los residentes de Oquendo 308, en el populoso barrio de Centro Habana: parte del séptimo piso se derrumbó hacia el patio interior, dañando a los apartamentos de abajo. Nadie murió, pero las 120 familias que vivían en el edificio se quedaron sin hogar.
Los derrumbes son frecuentes en Cuba y en especial en esta capital, donde décadas de falta de mantenimiento de los edificios y la escasez de construcción de viviendas figuran entre los principales problemas de la isla, sin que hasta ahora las reformas impulsadas por el presidente Raúl Castro parezcan lograr un despegue del sector.
«Estamos muy preocupados, la situación de la vivienda es crítica», dijo a la AP Anaidis Ramírez, uno de los damnificados y quien hasta ese momento vivía con nueve parientes en un departamento de un dormitorio con cielorraso muy alto al que ellos le fabricaron un entrepiso.
Tras la catástrofe del 28 de febrero, Ramírez y los suyos se refugiaron en un parqueo aledaño y presionaron al gobierno para conseguir una nueva casa; mientras otras familias se marcharon con parientes o aceptaron el traslado hacia albergues transitorios del gobierno, donde viven hacinadas durante años antes de conseguir una casa propia.
Cuando Castro legalizó a finales del 2011 el mercado de bienes raíces —por primera vez en cinco décadas_, uno de los argumentos para la aprobación de la norma fue que ésta estimularía la construcción y la reparación edilicia.
Según cifras oficiales de 2010, la nación caribeña de 11 millones de habitantes tiene un déficit de medio millón de viviendas, pero éste se amplía cada año con afectaciones sistemáticas de la humedad, la salinidad y los ciclones tropicales.
«El déficit podría ser aún mayor si la estimación se basa en la propia definición del gobierno de lo que constituye una vivienda adecuada (tantos metros cuadrados, con baño y cocina interna, etc)», dijo el investigador Sergio Diaz-Briquets, doctor en demografía de la Universidad de Pennsylvania.
Según Diaz-Briquets, los estimados de carencia habitacional en toda la isla rondarían entre 600.000 y un millón de viviendas.
La Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) indicó que la isla dispone de un total de 3,8 millones unidades de alojamientos (casas o apartamentos).
En medio de un paquete de reformas que incluyó a la mencionada modificación a la ley para compraventa de bienes raíces, las autoridades comenzaron además un plan de subsidios a las familias para ampliar o terminar su casa.
«Se trata de buscar soluciones al problema que tenemos hoy de la vivienda», explicó a la AP el viceministro primero de la Construcción, Ángel Vilaragut, quien considera que no hay un «estancamiento» de las nuevas medidas y subsidios sino «un cambio de política».
«No se renuncia a la construcción de viviendas por la vía estatal», explicó Vilaragut, pero «se intenta que la población tenga acceso a los materiales» como áridos, cementos o bloques para que puedan edificar.
Paralelamente, el gobierno también decidió entregar a la población antiguos comercios, almacenes y otros locales estatales subutilizados para ser adaptados como viviendas.
Un recorrido por las calles de La Habana muestra que las personas están aprovechando el momento para reparar las fachadas, incluir un segundo piso a sus casas o agregar más habitaciones.
Si bien estas soluciones logran beneficiar a alguna que otra familia, los esfuerzos son poco sistemáticos y no enfrentan el déficit en su conjunto, explicaron analistas.
Desde 2008, cuando la ONEI reportó la construcción de 44.775 viviendas, la caída en la edificación anual tanto por parte del Estado —que corre con la mayor parte del peso del sector— como de los particulares fue constante. En 2011 se terminaron 32.540 casas y en 2012 fueron 32.103.
No había cifras definitivas para 2013, pero los números preliminares eran inferiores a lo esperado.
«Pueda ser que ese cambio de mecanismo lleve un tiempo y todavía el sistema nuevo no esté compensando», dijo a la AP el economista cubano Pavel Vidal, actualmente profesor en la Universidad Javeriana de Colombia.
«Se le está dando la responsabilidad de la construcción de nuevas viviendas a cuentapropistas, microempresas y ahora empiezan las cooperativas», explicó Vidal. «El nuevo sector privado, la escala que tiene, el capital del que dispone, evidentemente no compensa lo que venía haciendo el Estado».
Y eso sin contar las dificultades que tienen los cubanos para adquirir una vivienda ya edificada, según la nueva ley.
A pocas cuadras del edificio derrumbado vive Lázaro Márquez, de 44 años, quien comparte con su esposa Mileivis y su hija adolescente discapacitada una sola habitación en un «solar» (una vecindad) en Centro Habana con techos con filtraciones de aguas negras.
Márquez gana un promedio de 50 pesos (dos dólares) al día conduciendo un bicitaxi, y desde hace seis años está en una lista —que parece no avanzar nunca— de casos que requieren urgente apoyo del Estado para que éste le cambie la vivienda, pues su niña no habla ni camina y debe ser transportada en silla de ruedas por intrincadas escaleras con peligro de derrumbe.
Si no consiguen resolver por sí mismos dónde vivir —o sea construir o comprar— o irse con familiares, los Márquez tendrían que mudarse a algún albergue estatal.
Y aunque las modificaciones permiten a los ciudadanos comprar y vender casas, la falta de hipotecas u otros mecanismos financieros los obligarían a adquirir —si pudieran— una vivienda al contado.
Un apartamento de un dormitorio pequeño en Centro Habana costaría unos 7.000 dólares.
«No hay un mercado de bienes raíces liberalizados, hay una flexibilización en la compra y venta de casas pero con restricciones», explicó Vidal.
«En el mundo entero la demanda de la vivienda va acompañado de un mecanismo financiero, un crédito hipotecario y hasta que no se desarrolle un mercado de crédito hipotecario la demanda nacional no estimulará la construcción de nuevas viviendas con destino a los nacionales», agregó el economista.
Márquez indicó incluso que antes de que se aprobaran las nuevas normas de compraventa, tenía mayores posibilidades de recibir una casa, pues la gente que se iba del país debía entregar sus propiedades y el Estado las redistribuía.
«La mayoría de los que se van las venden y hay menos casas disponibles para nosotros los casos sociales (situaciones críticas) ahora «, indicó Márquez.
Las soluciones para el sector, tanto desde la perspectiva del gobierno como para los expertos, no son sencillas y van desde un mayor desarrollo de las cooperativas en curso hasta la inversión extranjera —permitida por una nueva ley que la asamblea acaba de aprobar— pero, advierten, esta se concentraría en la construcción de condominios caros, la infraestructura o los hoteles y no en la poco atractiva demanda nacional con su escaso poder adquisitivo de unos 20 dólares más subsidios.
«Soy bicitaxista. ¿Cómo voy a comprar una casa o un cuarto en bajos con lo que gano?» se preguntó Márquez.
