Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador
Redistribuir la riqueza significa el reparto de la existente. Necesariamente igualando para abajo, porque no se puede igualar hacia arriba, para que todos tengamos los mismos recursos que Bill Gates, por ejemplo. Dividiendo esa fortuna, todos seríamos igual de pobres. Nos tocaría una pequeña parte y después de eso, a Gates le quedarían pocas ganas de producir más.
Una sociedad en la que unos seríamos más iguales que otros, porque los servidores públicos seguirían viajando en avión privado y con prebendas que el resto de los mortales no tendríamos.
El Estado es un concepto político concebido con el fin de permitirnos vivir en una sociedad organizada. Como el administrador de un condominio: no es designado para crear una administración obesa, ni para redistribuir la riqueza de los condóminos o para restringir su libertad. La redistribución de la riqueza implica que alguien codicia los bienes ajenos.
No es lógico que el administrador del condominio, que ha presentado una libreta de calificaciones deficiente, a pesar de haber recibido trescientos treinta mil millones de dólares, la mayor cantidad de ingresos recibidos por un presidente en la historia republicana, quiera reelegirse indefinidamente sin respetar el procedimiento establecido en la Constitución para reformar uno de los elementos esenciales del Estado: el poder. La Constitución afirma que en ese caso, el camino es un referéndum.
Los impuestos son una confiscación de la propiedad privada a la que los ciudadanos hemos accedido con el fin de recibir ciertas contraprestaciones. Esos impuestos no pueden malgastarse en periódicos oficiales que pierden millones de dólares y que solamente sirven para atacar a una parte de los condóminos-ciudadanos. No estamos recibiendo las contraprestaciones por las cuales pagamos nuestros impuestos. Por ejemplo: la lucha contra la delincuencia, oportunidades para prosperar y un sistema judicial que imponga justicia.
El modelo económico ha fracasado. Nos ha castigado. Pagamos más por todos los bienes y servicios. Los ecuatorianos ahora vamos a Colombia y a Perú a comprar lo que necesitamos porque el presupuesto no nos alcanza. Castigando el comercio, que es empleo. Dos de cada diez ecuatorianos trabajamos en el comercio. Al dejar de vender, las arcas fiscales y los empleos sufren.
Si la inversión privada se hubiera mantenido en el promedio de los siete primeros años de la dolarización con relación al PIB, hubiera incrementado su inversión en alrededor de US$ 20.851 millones de dólares; pero el Estado rechazó la importancia del sector privado para crear riqueza. Prefirió depender exclusivamente del alto y temporal precio del petróleo. Hoy deben explicar por qué el presupuesto estatal es deficitario y no fomenta la productividad.