Lo bueno es que algunos negocios que no tienen por qué estar en manos del Estado (como la quebrada TAME, los medios incautados o el Banco del Pacífico) pasarán al sector privado, lo cual inyectará plata al fisco y mejorará el servicio para el ciudadano. Lo malo es que, gracias a la crisis económica, el mal manejo estatal de algunas empresas y la desconfianza en el correísmo, es posible que esos bienes se vendan a precio de gallina enferma. Y lo feo sería que esas ventas ocurran a través de negociaciones oscuras, con contrataciones a dedo o, peor aún, que la plata de activos que hoy pertenecen al pueblo ecuatoriano termine siendo feriada para pagar los sueldos de la burocracia el próximo mes.
Un ejemplo ilustra lo anterior. Sería positivo que un padre de familia venda una casa que ya no necesita, siempre que sea a un precio justo y ese dinero lo ahorre o lo utilice en una buena inversión, como poner un negocio familiar. Pero sería un desastre si esa misma casa la remata al apuro para pagar las deudas del chulquero, luego de haberse gastado más de lo que podía por no haberse ajustado a tiempo el cinturón.
La realidad es que al correísmo se le acabó la plata. Y se le acaba también el tiempo en el poder. Ante ello la solución no es rifar bienes para mantener un gasto corriente excesivo —como pasó con la deuda china el año pasado—, sino fijar un plan económico que por supuesto incluya vender activos, pero también exija reducir gastos innecesarios, no subir más impuestos contra el pueblo y estimular al sector privado para generar más emprendimiento y empleo.
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