El presidente de Ecuador, Rafael Correa, cumple mañana diez años en el poder, en los que asegura que ha consolidado el «cambio de época» que ofreció en 2006 durante la campaña que lo llevó a su primer mandato, que rompió con una década de inestabilidad política en el país andino.
Correa venció en los comicios presidenciales de 2006 y desde entonces, junto a su movimiento Alianza País, ha recibido el apoyo del pueblo en todo llamado a las urnas para consulta popular o elecciones, aunque en la más reciente, su agrupación política perdió alcaldías en importantes ciudades, como Quito, la capital del país.
Haber gobernado los últimos años con una mayoría en la Asamblea Nacional le ha dado a Correa un amplio margen de maniobra que le ha facilitado la aplicación de leyes, cuestionadas por sectores de la oposición, como la conocida como ley de plusvalía, con la que el Ejecutivo asegura que combatirá la especulación del suelo.
El oficialismo ha convocado para mañana a una concentración popular en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste) para celebrar los diez años en el poder de la llamada «revolución ciudadana».
Los seguidores de Correa festejarán mañana lo que denominan la «década ganada», como resumen a las mejoras en aspectos sociales como la atención en salud y educación, así como en la reducción de la pobreza, aunque la oposición la tilda de «década perdida» e incluso le achacan tintes dictatoriales.
De la mano del llamado «Socialismo del siglo XXI» Correa aseguró hoy que en los últimos diez años, Ecuador pasó de ser «el país de los imposibles, al país de los sueños cumplidos».
«Pasamos de ser lo peor en muchos sectores en América Latina, a ser lo mejor: vialidad, seguridad, energía, comunicaciones, justicia, infraestructura en general, avances educativos, universitarios, inversión en ciencia y tecnología, liderazgo a nivel de ideas, a nivel mundial», comentó.
Correa dijo entender que para los banqueros y los partidos políticos tradicionales, a los que agrupa en lo que llama «partidocracia», es la década perdida porque no han logrado, según dijo, influir en su administración.
Pero la oposición le reclama, entre otros, lo que considera un derroche de fondos públicos, que el Ejecutivo asegura es inversión social, y le critica injerencia en otros poderes del Estado y que coarte libertades, como la de expresión, extremo rechazado por Correa, impulsor de una polémica ley de prensa por la que ha recibido críticas y apoyo dentro y fuera del país.
La celebración de mañana, encuentra a Ecuador atravesando por dificultades económicas, provocadas entre otros aspectos externos, por la apreciación del dólar y por la caída del precio del barril de petróleo, el principal producto de exportación del país que, no obstante, no ha golpeado de frente a los sectores más vulnerables.
Una encuesta de diciembre de la firma Cedatos asegura que la mayor preocupación de los ecuatorianos está relacionada con temas económicos y, quizá por ello, los candidatos a suceder a Correa en el poder, se explayan en ofertas económicas, en especial, trabajo estable, menos impuestos o condonación de ciertas deudas.
Por otro lado, el Gobierno de Correa marca una década de estabilidad política. Antes de él, Sixto Durán Ballén fue el último presidente, que en 1996, terminó el período de cuatro años para el que fue elegido.
A Durán Ballén le sucedió Abdalá Bucaram, que duró seis meses en el poder. Su vicepresidenta, Rosalía Arteaga, reclamó la sucesión presidencial durante horas, pero quien asumió la Presidencia fue el jefe del Parlamento, Fabián Alarcón.
Luego, Jamil Mahuad salió del cargo a mitad de su período por una insurrección indígena apoyada por un grupo de militares y le sucedió Gustavo Noboa, quien estuvo en el cargo 36 meses.
Noboa cedió el turno a Lucio Gutiérrez, uno de los coroneles que habían apoyado a los indígenas en las protestas contra Mahuad, pero algo más de dos años después, Gutiérrez fue derrocado y asumió su vicepresidente Alfredo Palacio, en cuyo gobierno Correa fue ministro de Economía durante 106 días, hasta que renunció por desacuerdos con organismos multilaterales de crédito.
Correa, que entregará el poder el próximo 24 de mayo al vencedor en los comicios del 19 de febrero, o de un balotaje el 2 de abril, reiteró hoy su compromiso de luchar contra la corrupción, mal que tiene en el punto de mira a la empresa estatal Petroecuador, en la que más de 80 personas están bajo investigación por presunto cohecho y otros delitos. EFE (I)