El capitán ecuatoriano Edwin Ortega, quien fue sancionado por un correo electrónico que le dirigió en 2016 al entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró hoy que mientras las cabezas de la justicia sean las mismas de la «tiranía correísta» no puede haber un cambio «verdadero» en su país.
«Es una receta diferente pero con los mismos cocineros», dijo en una entrevista con Efe en Miami sobre la gestión del presidente Lenín Moreno, quien asumió en mayo pasado tras ganar las elecciones como candidato de Alianza País, el partido de Correa, con quien, sin embargo, ha tenido discrepancias desde que está en la Presidencia.
En sus declaraciones Ortega reveló que se está planteando entrar en la política activa creando un movimiento ajeno a los partidos con el que presentarse a las elecciones de 2021 para «rescatar los principios anteriores a la ‘década perdida’ correísta».
Ortega, que en agosto pasado se dio de baja en la Armada para poder defenderse en los tribunales ordinarios del «caso político» que según dice Correa armó en su contra, está en Miami para presentar este viernes su libro autobiográfico «Hacia tierra firme», que el lunes presentará también en Nueva York.
En ese libró no entra en el asunto que le costó su carrera militar, pero sí lo hará en el segundo, que espera publicar en marzo del año próximo con un especialista en política como coautor, según dijo en una entrevista telefónica con Efe.
Los problemas de Ortega comenzaron cuando Correa envió un mensaje por correo electrónico a los soldados del país para explicar unas reformas a la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
Según dice, le respondió al presidente diciéndole que respetase a los militares y se dedicase a combatir la corrupción y la impunidad.
«Eso me costó la carrera militar», sentencia, pues la respuesta fue considerada «irrespetuosa» por Correa.
Desde mayo de 2016 ha enfrentado 21 procesos, según dice, incluidos dos consejos disciplinarios.
El primer consejo no acogió la denuncia contra Ortega por considerar que Correa no era militar ni superior jerárquico del acusado, pero el entonces presidente presentó un recurso de amparo constitucional a los tribunales, que lo aceptaron.
En el segundo consejo fue sancionado con diez días de arresto por «una falta atentatoria», lo que cercenó sus posibilidades de ascender en las Fuerzas Armadas.
Pero además -dice- después llegó una campaña contra él en medios oficialistas y en los tribunales.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le negó una medida cautelar para impedir su arresto y lo hizo siete meses después de que la solicitara.
«No tengo la menor duda de que el manejo político correísta llegó a la CIDH», afirma Ortega, quien dice estar dispuesto hasta ir a San José de Costa Rica para tratar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le escuche.
Ahora mismo está pendiente de respuesta a la acción extraordinaria de protección que presentó en la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil para que fuera enviada a la Corte Constitucional en Quito, con el fin de limpiar su carrera militar y ascender en la Armada Nacional.
El paso siguiente lo dará a principios de noviembre, cuando planteará en la justicia ordinaria una denuncia por «delito de odio», subrayó.
No obstante, aun tiene esperanzas de un cambio en la justicia ecuatoriana. Según dice, algunos jueces ya están fallando conforme a derecho «en algunos casos» y apartándose del «andamiaje de persecución e impunidad» que a su juicio fue creado por Correa con los nombramientos de agentes judiciales con base en una supuesta «meritocracia».
Pero, además de sus esfuerzos por limpiar su nombre, Ortega cree que la Armada, que fue quien lo sancionó, debería interponer recurso ante la Corte Constitucional.
A su juicio, durante el Gobierno de Correa los militares fueron «los malos de la película». Se les aplicó sanciones ejemplarizantes y se les sometió a procesos por haber cumplido con su deber cuando luchaban contra la guerrilla Alfaro Vive Carajo, agregó.
Pero, señala, las Fuerzas Armadas son dignas, no obedecen a ningún partido político y defienden las instituciones. EFE