Quito, Ecuador
El novelista Fiódor Dostoyevski, en su obra Los hermanos Karamazov, con lucidez argumentaba que toda la armonía universal, la construcción del “destino humano con el objetivo de hacer feliz a la humanidad”, jamás podría justificarse si requería de las lágrimas de un solo niño.
En los últimos años, sin embargo, parece que la sociedad ha olvidado este axioma moral básico. Nos encontramos frente a una crisis ética en la que la infancia se encuentra bajo ataque, amenazada por un fenómeno creciente de hipersexualización digital.
Plataformas digitales, ciertas redes sociales y varias páginas web, bajo el velo de un supuesto entretenimiento o “empoderamiento”, han normalizado la exposición prematura de niños y adolescentes a contenido indecente, explícito y pernicioso. Conviene, por tanto, hacer un comentario acerca de esta realidad para evaluar el contexto presente y exigir una respuesta adecuada.
El núcleo de la problemática radica en la perjudicial falacia del “consentimiento” infantil. Ciertas corrientes de pensamiento relativista y posmoderno insinúan que los menores de edad poseen la madurez necesaria para consentir y gestionar el consumo de material explícito y, peor aún, la exhibición de su propia intimidad.
Un menor, por su propia naturaleza y etapa de desarrollo, carece de la capacidad volitiva y racional plena para dimensionar las implicaciones y consecuencias de sus actos, especialmente en el vasto mundo digital. No se trata de desconocer que los niños y adolescentes son seres racionales, dotados de pensamiento crítico y de una autonomía y madurez progresiva; por el contrario, es precisamente el respeto a ese desarrollo y formación lo que exige una protección especial.
El consentimiento en el espectro de la intimidad digital no es un acto aislado de libertad, sino una decisión con efectos que pueden ser irreversibles. Mientras que el menor posee facultades intelectivas para comprender el presente, carece aún de la prudencia deliberativa, necesaria para dimensionar el impacto psíquico que tendrá en su futuro tanto el consumo de contenido explícito para adultos, como la huella digital podrían dejar sobre su imagen.
Validar dicho consentimiento bajo la premisa de una falsa madurez no es un acto de afirmación de su libertad, sino una abdicación de la responsabilidad de la sociedad en la protección de los menores. Es, en última instancia, permitir que la arquitectura de las plataformas digitales comprometa la integridad de la persona en desarrollo, a favor de dinámicas de interacción ajenas a su verdadero bien.
En este sentido, la hipersexualización digital, además, facilita un terreno sumamente peligroso que va más allá del consumo y exposición de pornografía por parte de menores, pues habilita y permite el actuar de depredadores malignos.
Estos pedófilos, groomers, pervertidos y abusadores, operan con anonimato, detrás de perfiles falsos y cuentas sospechosas. El fácil acceso a plataformas de contenido explícito acorta la brecha de la pornografía en general, y puede llevar hacia la explotación y el abuso propio de la pornografía infantil.
El filósofo Roger Scruton advertía insistentemente sobre los peligros de la “profanación”, entendida como la destrucción de lo que es sagrado. La inocencia infantil es, en el sentido más estricto y elevado de la palabra, sagrada; su utilización en el mercado digital constituye justamente una profanación que corrompe el bienestar emocional, psicológico y moral de la juventud.
Frente a esta realidad, la pasividad no es una opción viable. Surge aquí el ineludible debate sobre la responsabilidad del Estado y de la sociedad. Siguiendo el pensamiento de Aristóteles, “vemos que toda ciudad es una cierta comunidad y que toda comunidad está constituida con miras a algún bien (…), es evidente que todas tienden a un cierto bien”.
Por tanto, la sociedad, representada a través de las autoridades políticas, en búsqueda del bien común, debe priorizar la protección de los más vulnerables. El Estado no puede ser un mero espectador o un ente neutral cuando la dignidad y el bienestar de sus ciudadanos más jóvenes está siendo afectada de forma tan profunda y directa.
Resulta imperativo que la legislación se adapte con urgencia a la realidad presente, actuando en favor de los niños y en detrimento de grandes corporaciones y grupos que se enriquecen gracias a la facilidad de acceso de menores al consumo y a la realización de pornografía.
El pueblo ecuatoriano, empezando por la familia, núcleo fundamental de toda sociedad civilizada, debe reivindicar la custodia auténtica de la infancia. Para concluir, la protección de la infancia frente a la pornografía y al abuso o la explotación sexual no es un asunto de puritanismo anacrónico, ni una exageración infundada, sino un acto de justicia fundamental y de cuidado integral de las personas.
Promover un marco jurídico que blinde eficazmente a los niños frente a esta industria tan perniciosa para su desarrollo y su bienestar es crucial para nuestra sociedad. Sin duda, conseguir que ello se haga una realidad exige coraje, determinación y voluntad política, pero, sobre todo, exige sinceridad para reconocer el problema y sus graves consecuencias.
La protección de la dignidad humana inicia desde que se crea una vida y requiere una protección reforzada en sus etapas iniciales por su evidente vulnerabilidad. Promover normas que consigan garantizar aquello es un deber pendiente que tiene esta generación con las futuras.
- Sebastian Zaldumbide es parte del colectivo Dignidad y Derecho.