¿Qué sucedería si mañana un grupo de delincuentes se asocian para robar a una casa y llevan a cabo su fechoría rompiendo primero las ventanas de la edificación para luego proceder a saquear los enseres que se encontraban dentro, y, sin embargo, las autoridades luego se limitan a enjuiciarlos no por el robo ocurrido, ni por la rotura de las ventanas, sino por haberse puesto de acuerdo para robar?
Es lo que está sucediendo con respecto al gigantesco saqueo de los fondos públicos que ocurrió en la pasada década. Nunca en los últimos cien años se hizo tanto para robar con la fruición con la que se lo hizo en los últimos diez. Por doquier que se aplasta un poquito nomás, salen chorros de pus. Y, sin embargo, hasta la fecha en las poquísimas causas penales que se han iniciado para sancionar a los responsables, el exdictador ni siquiera ha sido llamado para rendir testimonio sobre hechos ocurridos a menos de cincuenta metros de su despacho por nada menos que su hombre de confianza. Casos como el de Odebrecht no son casos que ocurrieron en un recóndito municipio de la Amazonía, ni en las bodegas de una empresa pública. La trama de corrupción de Odebrecht tuvo como eje el centro del poder estatal, cuyo gran y único protagonista fue el exdictador. No es coincidencia que en otras naciones de la región estén procesados varios expresidentes.
Nuestra ley considera como autores de una infracción penal no solo a sus autores materiales, sino también a quienes no hayan impedido o no hayan procurado impedir su ejecución “teniendo el deber jurídico de hacerlo”, así como a quienes “ejerzan un poder de mando en la organización delictiva”. Es más, la ley considera coautores a quienes coadyuven a la ejecución de una infracción, “de un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el cual no habría podido perpetrarse la infracción”. Dicho acto bien puede ser de naturaleza jurídica, como un decreto ejecutivo, o de naturaleza política. Y serán cómplices quienes “faciliten o cooperen” con actos –jurídicos, políticos, etcétera– secundarios, anteriores o simultáneos a la ejecución de una infracción penal, “de tal forma que aun sin esos actos, la infracción se habría cometido”.
Es con base en normas como estas que Cristina Kirchner, Lula, Martinelli y Ollanta, entre otros líderes de izquierda o derecha, están procesados. Pero no en el Ecuador. Urge, entonces, que el presidente Moreno honre su oferta de campaña de crear en el Ecuador una comisión contra la impunidad con la colaboración de la ONU y que contrate firmas especializadas en rastrear los activos acumulados por la mafia que saqueó al país. (O)