La reforma constitucional de Turquía, avalada en abril mediante un referéndum, ha marcado no solo el año 2017 sino posiblemente la próxima década de este país, ya que ha entregado la práctica totalidad del poder a su presidente, el islamista Recep Tayyip Erdogan.
El cambio constitucional fue impulsado por el gobernante Partido de Justicia y Desarrollo (AKP), de ideología islamista, con la intención de abolir la figura del primer ministro y entregar todo el poder ejecutivo al jefe de Estado.
En el nuevo sistema, que se implantará por completo a partir de las elecciones presidenciales de 2019, el jefe de Estado nombrará al gabinete de ministros y tendrá también un amplio control sobre los nombramientos en la cúpula de la Judicatura.
Un 51,4 % de los electores aprobaron este cambio constitucional tras una campaña agresiva, con 12 diputados izquierdistas en prisión, decenas de medios de comunicación clausurados y miles de funcionarios despedidos o encarcelados bajo el estado de emergencia, vigente desde el fallido golpe de Estado de julio de 2016.
La sociedad turca se ha ido polarizando cada vez más entre los detractores de Erdogan y quienes los respaldan de forma incondicional, que lo ven como un líder llamado a devolver Turquía a un puesto de grandeza histórica.
Las amplias purgas tras la asonada de 2016, inicialmente dirigidas contra presuntos miembros de la cofradía del clérigo islamista Fethullah Gülen, a quién Ankara responsabiliza del golpe, se fueron extendiendo también a numerosos políticos, periodistas e intelectuales de izquierdas, ahora por supuestos vínculos con la guerrilla kurda del PKK.
Las tensiones internas turcas se internacionalizaron cuando Alemania y Holanda vetaron las visitas de varios ministros turcos que pretendían realizar mítines a favor del «Sí» en el referéndum entre la gran comunidad turca emigrante en Europa.
En respuesta, Erdogan llegó a acusar a los líderes de varios países como Alemania, Holanda o Austria, de «practicas nazis».
Al mismo tiempo, la persecución judicial de disidentes en Turquía se extendió a miembros extranjeros de organizaciones de derechos humanos, que pasaron a prisión preventiva durante meses.
Aunque el Gobierno turco insiste en que se trata de casos judiciales en los que no influye, la oposición turca acusa a Erdogan de ejercer un control amplio sobre la Judicatura y de utilizarla con motivos políticos y diplomáticos.
Las relaciones han sido especialmente difíciles con Berlín, por el arresto de ciudadanos alemanes como los periodistas Deniz Yücel y Mesale Tolu, que llevan más de 200 días entre rejas.
Alemania ha amenazado con «reorientar» sus relaciones con Turquía y con pedir en la UE la suspensión del acuerdo aduanero y las negociaciones de adhesión, además de desaconsejar a las compañías alemanas la inversión en ese país y emitir advertencias a viajeros.
Y mientras que Ankara se aleja de sus socios europeos, se ha ido acercando a Rusia, al firmar la compra de un sistema antimisiles ruso S-400, incompatible con el sistema de defensa de la OTAN, lo que ha generado fricciones con esta.
Los acuerdos de Astaná, en los que Rusia, Turquía e Irán se han comprometido a asegurar el alto al fuego en Siria, han mostrado la buena sintonía entre Ankara y Moscú, que colaboran ahora en una región al oeste de Alepo, si bien aún apoyan a bandos enfrentados en el conflicto sirio.
Las relaciones exteriores turcas también se han complicado con Estados Unidos, pese a que Erdogan esperaba un acercamiento con la administración del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump.
La negativa estadounidense a extraditar a Gülen ha causado tensiones que se incrementaron con la detención de un pastor estadounidense en Turquía y, más tarde, con la de dos trabajadores turcos de las legaciones diplomáticas estadounidenses.
Washington reaccionó suspendiendo la emisión de visados en Turquía, una decisión ante la que Ankara respondió de forma recíproca, si bien las medidas se levantaron semanas más tarde.
A esto se sumó el juicio en Nueva York contra banqueros y ex altos cargos turcos por una supuesta trama de fraudes bancarios de 2011 y 2012 para saltarse las sanciones de EEUU contra Irán.
El caso llega en un momento crítico para el AKP, que ha denunciado una «complot internacional» contra Turquía y teme que pueda afectar sus resultados en las elecciones de 2019, cuando se celebrarán comicios municipales, parlamentarios y presidenciales.
A esto se añade una situación económica que empieza a dar señales de desgaste, con una inflación que alcanza el 13 % y una devaluación de la moneda turca, del 14% n los últimos dos meses. EFE