El escándalo en Argentina por la presunta red de sobornos a funcionarios de los Gobiernos kirchneristas (2003-2015) rozó hoy al actual Ejecutivo después de que el empresario Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, admitiera que hizo aportes ilegales en ese periodo.
Dueño de la constructora Iecsa hasta marzo de 2017, Calcaterra se presentó voluntariamente ante el juez del caso, Claudio Bonadio, y reconoció que fue presionado por funcionarios de la gestión de Cristina Fernández (2007-2015) para aportar dinero a las campañas electorales del kirchnerista Frente para la Victoria en 2013 y 2015.
La antigua empresa del hijo de María Pía, hermana de Franco Macri, padre del presidente, está mencionada en los cuadernos que durante más de una década escribió el exchófer del Ministerio de Planificación Óscar Centeno, en los que presuntamente detallaba el trayecto que hacía con bolsas con millones de dólares que empresarios destinaban a funcionarios para obtener obras públicas.
Calcaterra, que no fue detenido, quedó en el proceso como «imputado colaborador», al igual que el exdirector ejecutivo de Iecsa Héctor Javier Sánchez Caballero, quien tras ser arrestado el 1 de agosto pasado quedó hoy en libertad condicional.
Habían declarado ya como «imputados arrepentidos» -figura legal que otorga beneficios penales para los acusados que reconozcan los hechos y colaboren con la Justicia- el propio Centeno -detenido el 31 de julio y liberado el viernes pasado- y Juan Carlos De Goycoechea, exdirector en Argentina de la española Isolux Corsán, también puesto hoy en libertad.
Tras casi una semana de terremoto político en la que no han cesado los arrestos y allanamientos, las miradas apuntaron hoy también hacia el presidente Macri, quien aunque no se pronunció sobre la situación de su primo, aplaudió en una entrevista radiofónica que haya «salido a la luz» el escándalo de la red de sobornos y opinó que significa «un cambio profundo» en la sociedad.
«Sé el dolor que significa en lo personal para el presidente porque es una persona muy querida, pero ante la justicia debemos responder todos. Yo lo acompaño y lo sostengo«, señaló en Twitter la diputada Elisa Carrió, cofundadora del frente gobernante Cambiemos.
A juicio de ‘Lilita’, tradicional denunciante de corrupción durante el kirchnerismo y crítica con los miembros del oficialismo que puedan estar sospechados de malas prácticas, que empresarios cercanos al jefe de Estado se presenten en la justicia significa que «no hay impunidad para nadie», algo que remarcó fue el «acuerdo» que hizo con Macri para fundar la coalición.
Dentro del proceso se investiga si existió una «asociación ilícita» encabezada por el presidente Néstor Kirchner (2003-2007) -fallecido en 2010- y su viuda y actual senadora, Cristina Fernández, para beneficiarse, ellos y otros altos funcionarios, de millonarias sumas de dinero por sobornos, durante los 12 años que estuvieron en el poder.
No obstante, la residencia presidencial y el apartamento de la familia Kirchner en Buenos Aires están marcados como destinos habituales de las bolsas de dinero en los cuadernos de Centeno, cuyo contenido llegó hace unos meses al diario La Nación, que elaboró la exhaustiva investigación periodística en la que se basó la Justicia.
Al contar con fueros parlamentarios, la exmandataria, que fue citada a declarar como imputada el 13 de agosto, no puede ser detenida a no ser que Bonadio pida al Senado que apruebe despojarla de ese beneficio, algo que ya solicitó en diciembre pasado por otra causa y no ha prosperado.
Hasta el momento, el juez solo ha pedido a la Cámara Alta que autorice realizar varios registros en propiedades de Fernández, lo que se espera sea debatido en los próximos días.
Aunque la exmandataria no ha hablado públicamente del tema, Gregorio Dalbón, uno de sus abogados, dijo hoy a Efe que su postura es de «tranquilidad absoluta» porque es «inocente de todos los cargos».
«Esta causa, sin perjuicio de lo que se pueda llegar a descubrir, está entreteniendo a los argentinos mientras el país está en el precolapso, a un punto de no pagar la deuda al (FMI) Fondo Monetario Internacional«, subrayó Dalbón, para quien algunos jueces responden directamente a los intereses del Gobierno.
Si bien desvincula a su defendida, Dalbón no descarta que hubiera corruptos durante el anterior Gobierno, pero alertó de que también en el actual. EFE
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