Amnistía Internacional (AI) ha advertido que las autoridades de Ecuador ponen en riesgo a la mujer amazónica y a otros defensores del medioambiente, por su inacción en una serie de ataques y amenazas contra algunas de ellas que han alzado su voz por los derechos de los pueblos indígenas.
Así lo asegura un informe de AI difundido este martes y titulado «No nos detendrán», en el que se exponen las conclusiones de una investigación de la ONG sobre «Justicia y protección para las Mujeres Amazónicas, defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente».
De 26 páginas, el informe cuestiona «la capacidad y voluntad de las autoridades ecuatorianas para ofrecer una protección adecuada y efectiva y llevar a cabo una investigación penal de los ataques y amenazas» contra estas mujeres.
Y considera que esa falta de investigación lo que supone es «poner en peligro sus vidas» y las de «otros que protegen la Amazonía de los intereses políticos y económicos relacionados con grandes proyectos de extracción en los territorios indígenas».
Mujeres Amazónicas, o en su designación original en quichua «Saramanta Warmikuna» (Hijas del maíz), es una plataforma de lucha surgida hace ya unos años para combatir la ampliación de fronteras del extractivismo en Ecuador, que se adentra en la Amazonía y afecta a la vida de los pueblos indígenas.
El informe de AI expone en ese sentido el «fracaso» de la Oficina del Fiscal General del Estado frente a una serie de ataques y amenazas en 2018 contra las activistas Patricia Gualinga, Nema Grefa, Salomé Aranda y Margoth Escobar, todas ellas miembros de la plataforma.
«A pesar de las promesas del gobierno del presidente (Lenín) Moreno, la falta de voluntad para investigar seriamente estos ataques contra defensores de los derechos humanos y brindarles una protección adecuada, traslada un mensaje claro a la sociedad: que estos delitos son tolerados en Ecuador. Esto es inadmisible», dice en un comunicado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.
Y agrega que el trabajo de defensoras del medioambiente como las Mujeres Amazónicas, y de otras organizaciones que representan a los pueblos indígenas, es «urgente» y «necesario» en Ecuador y en todo el mundo dado el impacto, «cada vez más claro», «de la crisis medioambiental a nivel mundial en los derechos humanos de todos nosotros».
El caso de las cuatro activistas saltó a los titulares el año pasado cuando fueron objeto de ataques y amenazas de muerte, algunas abiertamente y por parte de otros indígenas por su postura de intransigencia frente a la explotación minera y petrolífera.
Gualinga, dirigente del pueblo Sarayacu, sufrió un ataque a pedradas en enero de 2018 contra su vivienda en Puyo, en la provincia de Pastaza, en el oriente ecuatoriano.
En el caso de Grefa, presidenta de la nacionalidad Sápara, la activista sufrió amenazas a su vida por parte de un indígena de otro pueblo por oponerse a una concesión petrolera en su territorio, sin que la Fiscalía hiciera nada para impedirlo, según AI, que ya el año pasado advirtió de esta inacción.
«Las líneas de investigación y medidas de protección que las autoridades ecuatorianas han ofrecido a las víctimas parecen ignorar los posibles motivos de los ataques, relacionados al desafío que (estas mujeres) representan a intereses económicos a gran escala y a los roles tradicionales de género», destaca la ONG.
Las afectadas aseguraron a AI que el Estado ecuatoriano «ni investiga ni analiza las pruebas que podrían conducir a los responsables».
AI exhorta por ello a Moreno, y a su nueva fiscal general, Diana Salazar, a que «pongan fin a esta grave situación y garantice justicia y protección a las Mujeres Amazónicas y a cualquier que defienda los derechos humanos en Ecuador«. EFE