Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador
Las denuncias de corrupción más importantes llegan desde los medios de comunicación extranjeros en los que los jueces ya sancionaron a los inculpados en su jurisdicción.
Aquí, únicamente por la presión mediática, la función judicial los ha procesado por delitos menores y no investiga soluciones para que devuelvan lo que robaron al Estado, es decir, lo que nos robaron a todos los que contribuimos con nuestro esfuerzo económico para sustentar al gobierno vía impuestos.
Los jueces, la fiscalía y los organismos auxiliares se han cerciorado de que después de salir de la cárcel, estos angelitos vivan una vida de millones de dólares producto del peculado. Es su responsabilidad poder identificar dónde está depositado este dinero mal habido para que pueda ser comisado. Son rezagos de un sistema creado por el gobierno anterior y mantenido por mandos medios contratados en el gobierno anterior para que no se pueda hacer justicia.
El BID estima que el monto del dinero que se perdió por apropiación indebida de fondos públicos fue aproximadamente de 70.000 millones de dólares en el periodo del ex presidente Correa.
Ese valor equivale al 70% del PIB del Ecuador durante un año. Una suma importante, que nos hace pensar que los jueces deberían esforzarse en procesar con mayor diligencia a quienes tienen importantes indicios de responsabilidad de corrupción, para que devuelvan al Estado lo robado y estos dineros sirvan para la recuperación económica, permitiendo bajar los impuestos. También exigimos que estas personas sean juzgadas por peculado y que no se fuguen del país, como ha venido ocurriendo en ciertos casos.
El ex alcalde Jaime Nebot, lo dijo en muchas ocasiones: la policía nacional hace su trabajo, pero los jueces dejan ir hasta los delincuentes más contumaces. Otra señal que permite entrever que la función judicial no está actuando en favor de lograr la seguridad jurídica requerida para vivir y hacer negocios en el Ecuador.
Los medios de comunicación reportan diariamente pedidos al gobierno de ciudadanos clamando justicia, pero el poder judicial es independiente y es esa función la que nos está defraudando. Hacia allá es que los medios y las personas debemos dirigir nuestros reclamos para que esta situación mejore.
Por eso, no debería sorprendernos cuando vimos por televisión que las personas hacen justicia con sus propias manos. Son actos repudiables que reflejan una realidad: la ciudadanía ha constatado que no existe un poder judicial que haga prevalecer las garantías que nos deberían proteger contra la violencia de malhechores sobre nuestros bienes y derechos.
Es imperativo que se reestructure inmediatamente el poder judicial y se proceda a abolir la función de transparencia y control social para inaugurar la justicia ecuatoriana.