Guayaquil, Ecuador
La Asamblea o la comisión que dice fiscalizar o algún partido que dice ser de oposición debería solicitar a la Fiscalía General que entregue una copia auténtica de todos –pero de todos– los correos electrónicos y de todas –pero de todas– las conversaciones por texto escrito (chats) que se hayan cruzado los miembros de la mafia que lideró Correa durante su gobierno y que reposen en sus oficinas. Ya la Fiscalía ha seleccionado los correos y chats que le han servido para presentar cargos contra algunos de los personajes mencionados en esos documentos. Y está bien. Y ha sido un gran trabajo. Ya está probado lo que todo el país ya sabía, que eran delincuentes.
Pero ahora el país necesita conocer toda la información que consta en esos documentos. Si esos documentos han sido suficientes para acusar a Correa y su pandilla, no hay obstáculos para que la ciudadanía a través de su órgano legislativo, que se supone debe fiscalizar, solicite que se le entregue copia de eso y de lo demás. Debe recordarse que estos correos electrónicos son documentos públicos, pues son comunicaciones enviadas y recibidas por funcionarios públicos y que versan sobre asuntos de interés público. Que ellas se hicieron a través de servidores privados u oficiales no es relevante. Lo relevante es que esas comunicaciones eran de individuos quienes estaban investidos de autoridad y recibían un sueldo del erario nacional para supuestamente servir al país.
Con todo respeto y consideración hacia la fiscal general, el país necesita saber toda la verdad y no solamente aquella información que se ha incorporado en el proceso y que ella ha seleccionado. Debemos conocer qué razones –porque debe haberlas seguramente– existen para no vincular a una serie de personas que aparecen en esos documentos y en los cuadernos de Pamela y Laura. Es probable que la Fiscalía no haya encontrado mérito suficiente para acusarlos, y habrá que respetar esa decisión. Pero hay otros ámbitos de responsabilidad que exigen conocer la verdad en su integridad. Para comenzar, los protagonistas de estas comunicaciones –no debe olvidarse– son individuos que institucionalizaron un sistema de violación de derechos humanos como nunca lo hemos tenido, un sistema de persecución a periodistas, de acoso a empresarios, de procesamiento a líderes sociales, de atropellos a mujeres y jóvenes por el hecho de protestar. Fueron, además, los causantes del descalabro económico y de un enriquecimiento voraz.
No existe, a mi juicio, ningún impedimento jurídico para que la Asamblea no tenga acceso a toda esta información. El derecho a la intimidad no es una defensa válida cuando se trata de comunicaciones que inciden en la gestión de asuntos públicos. Y menos cuando existen claros indicios de que esa información revelaría mucho más de lo que hasta hoy se conoce. No se trata de hacer un circo. Ya el proceso penal está en marcha, y la verdad que allí se conozca y se juzgue es la verdad procesal.
Pero el Ecuador necesita conocer otra verdad, la verdad histórica. (O)