La Fiscalía General del Estado estudia las acciones que tomará después que la noche del 24 de diciembre la jueza Patlova Guerra revocó las prisión preventiva en contra de la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y el exasambleísta Virgilio Hernández y el exfuncionario Christian González, y la sustituyera por la obligación de presentarse ante la autoridad de forma periódica.
Los tres son procesados por presunta rebelión, por haberse, según la opinión de la Fiscalía, levantado en armas para interferir en el gobierno de Lenín Moreno durante el levantamiento indígena de los primeros días de octubre.
En un comunicado difundido en Twitter la mañana del 25 de diciembre, la Fiscalía dice que analiza «las acciones a tomar, en referencia al artículo 286 del COIP que sanciona el prevaricato».
La Fiscalía estima que, debido a la gravedad del delito investigado, las medidas cautelares tomadas son insuficientes y menciona también una presunta «prohibición legal».
Pabón, Hernández y González, militantes del correísmo, fueron capturados la madrugada del 13 de octubre de 2019, horas después que el Presidente Lenín Moreno derogó el decreto para la eliminación del subsidio de los combustibles, tras once días de violentas protestas en Quito y el resto del país.
Según la Fiscalía, Pabón, Hernández y González promovieron activamente las protestas violentas con el fin de lograr el derrocamiento de Moreno. Ellos niegan esa intención y aducen ser presos políticos.