Guayaquil, Ecuador
En los días trágicos de octubre hubo todo tipo de violencia, vandalismo, saqueos, secuestros, destrucción de bienes privados y del Estado; atentados terroristas, intento de tomarse los cuarteles, llamado a los militares a romper el orden constituido y amenazas de “tumbarle” al gobierno.
La Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, fanática correista, fue detenida para investigaciones tras un allanamiento a su domicilio. Ha sido acusada por el Gobierno por su supuesta participación en un plan desestabilizador y de ser una de las instigadoras para las movilizaciones que terminaron en destrucción de bienes públicos en Quito y otras ciudades del país.
Los correistas acusados de rebelión acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ésta dictó una resolución en la que solicita a Ecuador que «adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González, particularmente, valorando e implementando aquellas más apropiadas a las circunstancias personales de cada uno de los beneficiarios…».
Extraña solicitud porque Correa y sus allegados siempre denostaron de la CIDH y en 2014, tachó de “patrañas” las denuncias sobre la falta de independencia judicial en el país, presentadas ante CIDH, y Correa se refirió a esas críticas como “el show de todos los años” y en forma grotesca, señaló que la “CIDH se ha convertido en el Vachagnon de toda la basura de la oposición del país”. Vachagnon era el nombre de la operadora de recolección de basura de Guayaquil.
En la madrugada del miércoles 25 de diciembre, Paola Pabón salió libre. La presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, sorpresivamente acogió el pedido de revocatoria de la prisión preventiva y en su lugar le ordenó las medidas cautelares de presentación periódica y el uso de grillete electrónico.
A propósito de la detención y la liberación de Paola Pabón, prefecta de Pichincha, me tomo la libertad de transcribir un fragmento del artículo del periodista Carlos Rojas, publicado en la revista Vistazo N°. 1256, del 19 de diciembre con el título: “¿El correísmo se acuerda de Guadalupe LLori?”
“El 8 de diciembre de 2008 Rafael Correa presidía el Ecuador y seis días antes, el paro petrolero en Dayuma (Orellana) se había zanjado con un estado de emergencia y la detención de 23 personas, entre ellas la prefecta Guadalupe Llori.
Ese día, varios militares y policías allanaron su domicilio para aprehenderla y llevarla a Quito. Luego de nueve meses y 15 días en prisión, la ‘Mama Lucha criolla’ -así la insultó Correa, con toda la fuerza de su omnímodo poder, según recoge diario El Universo- recuperó la libertad al ser absuelta de los cargos de terrorismo, sabotaje y peculado.
El primer fallo de la Corte de Nueva Loja, de enero de 2008 que ordenaba su libertad, y la amnistía otorgada a su favor por la Asamblea de Montecristi no dieron resultado, pues a Llori le abrieron dos procesos más, luego de que la Contraloría examinara algunos contratos viales.
Tres de los cinco consejeros de Orellana la destituyeron el 7 de marzo; Llori perdió el cargo de prefecta.
Por las condiciones en la que se dio su detención, por la forma en la que el gobierno de entonces manejó el caso, por el maltrato y asedio que supuestamente sufrió en la cárcel y porque no hubo recurso legal interpuesto que garantizara los derechos judiciales de la detenida, organizaciones como Human Rights Watch enviaron sendas comunicaciones al entonces presidente Correa para que velase por la integridad de Llori. La obligaban a lavar ollas y fregar pisos para amedrentarla, sin olvidar las requisas y los forcejeos en su celda. Carondelet desestimó cualquier ensañamiento en la cárcel, negando que se tratara de una prisionera de conciencia”.
Ahora para los cínicos correistas y para el amnésico y doblemente cínico Correa, la CIDH ya no es Vachagnon.
Raúl Andrade en su artículo “Regalo”, escribe: “Dejar en libertad a dos sujetos señalados por el régimen como responsables de la agresión vandálica a Quito, el aplicarles medidas substitutivas para que puedan defenderse en libertad es una bofetada al gobierno y al País. El mensaje intrínseco es claro, y va en la línea del informe de los asambleístas”; luego, se pregunta “¿Cómo es posible que las acusaciones se diluyan, los juicios se dilaten y el rol del fiscal sea minimizado por los jueces? ¿Qué pasa en la justicia ecuatoriana?
Andrade, acota lo que la mayoría de ecuatorianos pensamos: “Hasta hoy, no existen responsables para la justicia de todas las convulsiones de octubre. Pero todos sabemos quiénes las causaron. Y sin embargo, son intocables.
Quisiéramos ver a los responsables en la cárcel y no en sus casas o en las embajadas”.
Con lo señalado, no hay más que agregar. Amable lector, saque usted sus propias conclusiones.