El exsecretario nacional de inteligencia (SENAIN) durante el régimen del expresidente Rafael Correa, Pablo Romero, ha arribado a Ecuador procedente de España, en donde fue capturado por la INTERPOL.
Romero es investigado en el caso de secuestro al activista político Fernando Balda, hecho ocurrido en Colombia en el año 2012.
El Ministerio de Gobierno informó que el exsecretario será trasladado a un centro de reclusión y puesto a las órdenes de la justicia ecuatoriana.
Romero fue detenido el pasado 18 de febrero por orden de la Audiencia Nacional española y se ordenó su ingreso en prisión a la espera de formalizar su entrega, a la que se procedió este viernes, informaron a Efe fuentes jurídicas.
El arresto se produjo veinte meses después de que la Justicia española lo dejara en libertad tras su primera detención en España por su presunta implicación en el intento de secuestro de Balda.
Una vez que las autoridades ecuatorianas solicitaron la entrega del antiguo jefe de los servicios de Inteligencia, la Audiencia Nacional española accedió a la extradición.
La jueza ecuatoriana Daniella Camacho considera que Romero es el responsable del operativo por el que agentes secretos ecuatorianos, bajo sus órdenes, secuestraron a Balda en agosto de 2012 en Colombia.
Balda estuvo retenido durante unos noventa minutos, pero la Policía colombiana frustró el secuestro a raíz de la llamada de un taxista.
Por esta causa fueron condenados dos agentes secretos ecuatorianos a un año y nueve meses de prisión. Ambos colaboraron con la Justicia y señalaron al expresidente Correa (2007-2017) y a Romero Quezada como quienes les ordenaron realizar el secuestro.
Romero Quezada solicitó asilo político en España, pero no se le notificó una respuesta, según indicaron a Efe fuentes de su entorno.
La organización Red Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, una agrupación correísta dedicada a defender a los exfuncionarios de ese régimen perseguidos por la justicia, (ha rechazado la entrega a Ecuador de quien consideran «un perseguido político», según su secretario general, el español Manel García, quien la atribuye a una presunta «persecución política sistemática» a quienes participaron del Gobierno de Correa.
Con información de EFE