La fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha pedido al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia la pena máxima de seis años seis meses para la exasambleísta Norma Vallejo, por el delito de concusión, relacionado al Caso Diezmo.
Hoy, durante la reinstalación de la audiencia de juzgamiento, la fiscalía solicitó además para Vallejo una multa de doce salarios básicos unificados, una indemnización al Estado de 17.930 dólares, y como medidas de satisfacción: disculpas públicas y la publicación de la sentencia en el portal web de la Asamblea Nacional y tres medios de comunicación nacional, «para que se conozca que ningún funcionario público puede exigir dinero a sus subalternos«.
Ayer jueves durante la audiencia, la fiscal Salazar presentó doce pruebas testimoniales, siete documentales y seis acuerdos probatorios en relación a pericias. «Este es un caso que afecta a la eficiencia de la administración pública y que ocurrió entre mayo de 2017 y noviembre de 2018, en la Asamblea Nacional».
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Vallejo en su calidad de asambleísta de Pichincha –abusando de su cargo– habría ordenado y exigido la entrega de contribuciones mensuales a quienes conformaban su equipo de trabajo. Las cantidades oscilaban entre los 150 y 1.000 dólares en efectivo, como requisito para permanecer en sus puestos.
A través de los aportes entregados, Vallejo se benefició de aproximadamente 20.305 dólares, que habría sido utilizado para cancelar deudas personales, gastos de su despacho, pagos de eventos y para hacer aportes al movimiento Alianza PAIS.
María Alejandra Vicuña
Otro de los casos de cobros ilegales a asesores, fue el de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, condenada a un año de prisión por el delito de concusión, al pago de $ 173.180,16 como restitución y al comiso de un inmueble ubicado en Samborondón.
Fue declarada culpable el 30 de enero del 2020 de haber exigido el pago ilegal de más de 40.000 dólares a asesores en el periodo que fue asambleísta (2009-2017), dinero que fue destinado para financiar su movimiento político Alianza Bolivariana Alfarista.
El pasado 5 de febrero el Tribunal conformado por los jueces Marco Rodríguez, Daniella Camacho y Wilman Terán, negaron de forma unánime el pedido de suspensión condicionada de la pena presentado por Vicuña.
20 casos más
Vallejo y Vicuña no han sido las únicas acusadas de exigir cobros ilegales a sus excolaboradores. Son más de 20, entre exasambleístas (4), legisladores en el periodio 2013-2017 que han sido reelectos (7) y otros funcionarios (12).
Entre ellos José Serrano, María José Carrión, Johanna Cedeño, Fernando Flores, Ana Galarza (destituida), Gabriela Rivadeneira y Karina Artega.
Desde que la fiscal Salazar preside la institución, se han dado el seguimiento y sentencia contra Vallejo y Vicuña. Contra el resto de acusados no se ha formulado cargos, lo que podría provocar que los casos se archiven.