Rafael Correa, enemigo de las Fuerzas Armadas

Alberto Molina

Alberto Molina Flores

Guayaquil, Ecuador

El Presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, ostenta la dignidad de “Autoridad máxima de las Fuerzas Armadas”; tiene la obligación, con su presencia, de elevar la moral del personal militar, incrementar su confianza en sus propias capacidades, estimular sus virtudes, valores y principios, consolidar su cohesión y fomentar su trabajo entusiasta y abnegado. El contacto con sus mandos es importante, es una forma de conocer la situación en la que vive el personal de las Fuerzas Armadas, sus capacidades y sobre todo sus necesidades.

Rafael Correa más bien, en los diez años de su nefasto gobierno, a instancias de sus complejos personales e ideológicos, buscó destruir a las Fuerzas Armadas, para una vez arrasado tan formidable obstáculo material, cívico y espiritual, establecer a sus anchas un gobierno totalitario al igual de los que aún quedan en Latinoamérica con el membrete del Foro de Sao Paulo.

Nombró como ministros de Defensa a enemigos inveterados de las Fuerzas Armadas, intentaron politizarlas, al igual que las sometidas Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela que están alineadas al proyecto político de los dictadores del Socialismo del Siglo XXI que le mantienen en la total miseria al otrora país más rico de Latinoamérica.

Las continuas frases denigrantes como «traidores, trogloditas, fascistas», proferidas por Correa y varios de sus colaboradores en contra de la institución militar, de sus mandos y de los oficiales en servicio pasivo que cuestionaron sus infamias, evidentemente tenían la perversa finalidad de aniquilar el prestigio y la credibilidad de las Fuerzas Armadas, lesionando así gravemente su capacidad y fortaleza para cumplir su misión constitucional. Felizmente, la credibilidad y prestigio de las Fuerzas Armadas han superado esos ataques y permanecen casi incólumes; pero Correa nunca dejó de injuriarlas y desprestigiarlas durante su gobierno.

Igualmente, por motivos políticos sectarios dio por terminado el convenio que permitía que un grupo avanzado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (FOL, en inglés), con supervisión permanente de los mandos de la FAE, monitoree día y noche durante todo el año, desde la base aérea de Manta la actividad criminal del narcotráfico, quedando el país en la indefensión a merced de los capos de la droga que tenían luz verde en la frontera norte, porque tampoco se tuvo radares que controlen los vuelos de las avionetas de los narcotraficantes procedentes, especialmente de México.

Correa eliminó la Honorable Junta de Defensa Nacional creada para controlar las adquisiciones de armamento y equipo para las Fuerzas Armadas, gracias a la idónea integración de ese organismo. Arbitrariamente puso tan delicada tarea en manos del llamado Comité de Bienes Estratégicos bajo la dirección del Ministro de Defensa. Así se explica la adquisición de los radares y vehículos chinos, de los helicópteros Dhruv y de los aviones Cheetah.

Las falsas, tendenciosas y reiteradas afirmaciones de que existen grandes diferencias entre los oficiales y la tropa, pretendían perversamente llevar la lucha de clases a los cuarteles, acción peligrosa en una institución jerarquizada y regida por leyes y reglamentos rigurosos, porque fractura su estructura vertical, constituyéndose en un atentado a la moral, disciplina y confianza de sus mandos.

Nombró comisarios políticos (civiles militantes del partido de Correa) para la vigilancia de las actividades que se realizan en los cuarteles, al igual que en los países comunistas; en el documento de creación, señalaba que las “Unidades deberán dar las facilidades para un espacio de trabajo con mobiliario y demás aspectos que requieran para desarrollar su trabajo”, es decir, dichos comisarios políticos debían vivir en los cuarteles; pretensión afrentosa que fue rechazada.

En la Constitución de Montecristi (2008), la mayoría correísta, borró el concepto de Fuerza Pública (La Fuerza Pública constituida por las Fuerzas Armadas y Policía Nacional); igualmente “que la Fuerza Pública se debe al Estado”. Con seguridad el objetivo era politizarlas y alinearlas a las Fuerzas Armadas al proyecto político del gobierno de la Revolución Ciudadana del Socialismo del Siglo XXI, como es en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Coronel (r) Alberto Molina Flores

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