Este jueves 24 de septiembre se suspendió por tercer día consecutivo la audiencia de juicio contra el exsecretario nacional del Agua, Walter Solís, por el delito peculado. El próximo jueves 1 de octubre se reinstalará la audiencia.
Por este caso de peculado, relacionado al caso Senagua, son procesados también el coordinador general jurídico de Senagua, Marco Rodas; Ninfa Benalcázar, jueza del Juzgado Quinto de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Manabí; Cristóbal C., juez del Juzgado Decimosexto de lo Civil y Mercantil de Manabí; Jorge Maruri y Jorge Bernal.
La fiscal general Diana Salazar expuso ante el Tribunal que, durante los años 2012 y 2013, cuando Solís era titular de Senagua, junto con Rodas, autorizaron al ministerio de Finanzas el pago de 8’130.626,16 dólares para la liquidación de un Acta de mediación, suscrita el 12 de enero de 2007 entre el Director Ejecutivo de la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí (CRM) y el Procurador de la Compañía Ondeo Degremont de Francia.
Sin embargo, en 2012, “ningún beneficiario solicitó ejecución del Acta de mediación, que la compañía extranjera ya no operaba en Ecuador y que tampoco tenía representación legal en el país”, agregó la fiscal.
El pago fue aprobado judicialmente por la jueza Benalcázar y ordenó que, una vez que fuesen transferidos los fondos desde el Ministerio de Finanzas, 2’450.000 dólares sean trasladados a favor de Jorge Maruri. Mientras que, el juez Cristobal C., ordenó que de ese valor sean transferido 200.000 dólares a Jorge Bernal.
Tanto Maruri y Bernal no tienen relación alguna con Senagua.
De esta manera, el perjuicio económico para el Estado sería de 2’218.880 dólares.
La Fiscalía también presentó el testimonio de dos testigos que conocieron los hechos desde la Dirección Regional de la Procuraduría en Manabí y desde la Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Economía, respectivamente. Además, el de una perito para que informe sobre la pericia contable financiera que practicó a varios movimientos efectuados por Senagua en el año 2013
Adicional, la fiscal Salazar presentó como prueba documental: oficios, contratos, certificados, copias certificadas y memorandos emitidos por varias instituciones estatales y privadas.
Contra Solís, quien está prófugo desde el 2017, pesa una orden de captura con difusión roja desde el 2019, por el caso Sobornos, por el que además fue condenado a ocho años de prisión, junto con el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otros funcionarios del correísmo.