Guayaquil, Ecuador
En nuestro país, aprovechando la ola delictiva que azota al país, algunos candidatos, prácticamente, como propuesta de campaña han señalado que la sociedad ecuatoriana debe armarse, de esa forma, de acuerdo a ese criterio, estará más segura.
Dicha propuesta es verdaderamente controvertida, las experiencias de los países que han permitido que los ciudadanos tengan libertad de portar armas, ha sido, en su mayoría, una experiencia traumática, no ha resuelto el problema de violencia, al contrario, se ha incrementado.
En el mundo, Estados Unidos es el país que a través de la Constitución ha dado total libertad para que los ciudadanos puedan portar cualquier tipo de armas; veamos lo que nos dice Wikipedia sobre este complejo tema:
“Desde finales del siglo XX, la Segunda Enmienda ha estado sujeta a un renovado interés académico, político y judicial. La Corte Suprema de los Estados Unidos, órgano supremo en asuntos de interpretación del texto de la Constitución, aclaró en 2008 que la Segunda Enmienda protege el derecho de un individuo a portar armas. En 2016, la Corte reiteró que la Segunda Enmienda protege el derecho a portar armas, incluso las que no existían en el tiempo en el que la Enmienda fue ratificada y que esta protección no se limita a solo armas útiles para hacer la guerra».
Sobre el porte de armas en los EE.UU., pongo a consideración de mis amables lectores, el siguiente dato que me parece interesante que conozcan: “Aproximadamente 1.4 millones de personas han muerto por armas de fuego en los EE.UU. entre 1968 y 2011. Este número incluye todas las muertes provocadas por un arma de fuego, incluyendo suicidios, homicidios, y accidentes.
Comparando las estadísticas a otras 22 naciones de ingresos altos, el índice de asesinatos relacionados con armas de fuego en EE.UU. es 25 veces más alto. Aunque se ha de considerar también que EE.UU. cuenta con la mitad de la población de las otras 22 naciones. Con el 82% de muertes por armas de fuego, el 90% de todas las mujeres muertas con pistolas, el 91% de niños debajo 14 y el 92% de personas jóvenes entre 15 y 24 muertas con pistolas”.
En nuestro país la ola de criminalidad no es una percepción, la violencia es real. El fenómeno delincuencial es multicausal, agudizado por los problemas sociales de desempleo, de la pobreza extrema, de la migración indiscriminada, el tema del tráfico de drogas, amén de la justicia y del sistema penitenciario, que no es de rehabilitación, sino una verdadera escuela de perfeccionamiento del crimen.
El Estado es el responsable de garantizar la seguridad ciudadana a través de la Fuerza Pública. Para que cumpla a cabalidad, a la Fuerza Pública hay que darle no sólo la misión, sino dotarle de los medios, del armamento y equipo necesarios para exigir resultados; igualmente, los instrumentos legales correspondientes. El Código Orgánico de la Seguridad del Estado, duerme el sueño de los justos en la Asamblea desde hace más de dos años. Ese Código contiene: la Ley de Defensa Nacional, el Sistema de Seguridad Ciudadana y Orden Público, el Sistema de Inteligencia y, el Sistema Nacional de Control de Riesgo.
En nuestro país, no está prohibido el uso de armas, si no restringido. Cabe señalar que “porte y tenencia” son dos conceptos diferentes. Los ciudadanos no pueden portar las armas como en el antiguo oeste; están autorizados a portar los militares, policías, clubes de tiro, etc. Igual pueden portar agricultores y ganaderos en su lugar de actividad, previo a un trámite en las oficinas militares de todo el país. La tenencia es otra cosa, cualquier, ciudadano puede tener un arma en su casa, en su oficina o lugar de trabajo, previo a una serie de estrictos requisitos que pueden tramitar en las oficinas correspondientes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de todo el país.
Una sociedad no es más segura si está más armada, de esto hay muchísimos ejemplos en el mundo entero.