Guayaquil, Ecuador
Dos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) han denunciado penalmente a magistrados del Tribunal Contencioso Electoral por haber dictado una sentencia ordenando acciones que violan la Constitución, la legislación electoral y que obligaría a modificar el calendario electoral. En su denuncia, los consejeros del CNE solicitan un peritaje de las computadoras y celulares de los magistrados denunciados, pues, a su juicio, allí podrían encontrarse algunas explicaciones de esa sentencia.
Pero hay más. Con anterioridad, magistrados del Contencioso Electoral denunciaron a ciertos miembros del CNE, e igual cosa hizo el movimiento político que se siente afectado por el incumplimiento de dicha sentencia. Y el CNE, a su vez, ha solicitado a la Corte Constitucional que dirima el conflicto de competencia que se habría provocado con ocasión de esa sentencia entre dicho organismo y el mencionado tribunal electoral. La fiscal, por su parte, pidió a la Corte Nacional su opinión sobre si podía iniciar investigaciones en contra de los consejeros del CNE en vista de la protección legal que ellos gozan en época de elecciones. La Corte habría dado luz verde al menos para conducir las pesquisas.
Así están las cosas. A ese nivel hemos llegado. Nada de esto habría ocurrido y otro sería el escenario institucional electoral si en el Ecuador la ley fuese respetada por todos y aplicada para todos por igual. (Que es la clave de las sociedades avanzadas). En efecto, en marzo la Contraloría dispuso que varios movimientos políticos sean eliminados del respectivo registro por haber incurrido en irregularidades en la recolección de firmas de respaldo para su constitución. Pero los jueces electorales no le hicieron caso y ordenaron lo contrario. ¿Por qué unos sí acatan los dictámenes de la Contraloría pero otros no? ¿No es la ley igual para todos?
Debe recordarse que uno de los movimientos beneficiados con el desacato a la orden del contralor es una organización que fue creada por personas vinculadas a la trama de Odebrecht. Es decir, se trata de una organización que nace de las entrañas de la corrupción. Pero nada de eso les importó a los jueces electorales. Increíble, ¿verdad? Una organización vinculada a la corrupción no solo que recibiría fondos públicos, sino que ahora se erige en acusadora, en faro del derecho y legalidad; hasta pretende que se modifique el calendario de las elecciones solo para darle gusto a su nuevo inquilino.
¿Por qué mientras otras organizaciones políticas cumplieron rigurosamente los requisitos fijados en la ley y en el reglamento para inscribir sus candidatos, a otras se les ha permitido violarlos? ¿No es la ley igual para todos? ¿Cómo así los jueces electorales han llegado al extremo de que para favorecer a un movimiento político que no cumplió en su momento con la ley ordenan al CNE hacer una excepción para que recién ahora cumpla con la normativa cuando debió hacerlo hace tiempo? ¿Es la ley igual para todos?
No sería de extrañar que si la fiscal comienza a investigar, probablemente encuentre una cloaca de intereses políticos y económicos en los diferentes pasos que han dado los encargados supuestamente de velar por la transparencia y legalidad de los procedimientos electorales. Y no es mala idea eso de examinar las computadoras y celulares. (O)