El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha remitido a la Corte Constitucional (CC) una demanda de conflicto de competencias, respecto de sus atribuciones para organizar las elecciones nacionales de febrero del 2021, frente a las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) según ha anunciado la presidenta del CNE, Diana Atamaint.
«La consulta a la Corte Constitucional la he enviado el día de hoy. Pero el proceso debe continuar», ha dicho Atamaint, citada por El Universo.
La demanda surgió después de que el TCE ordenó al CNE adoptar medidas de reparación integral a favor del movimiento Justicia Social, para que se le habiliten plazos nuevos para que realice democracia interna y elija candidatos, los inscriba y se los califique para participar en los comicios.
Justicia Social, dirigida por Jimmy Salazar, el marido de Pamela Martínez, la exsecretaria del expresidente Rafael Correa, ha anunciado su intención de inscribir como candidato presidencial al empresario Álvaro Noboa Pontón pese a que el período de inscripción de candidaturas terminó el 7 de octubre, y que hasta este momento el partido no ha realizado elecciones internas para escoger como candidato a Noboa.
El CNE ha respondido al Constitucional, con fecha 14 de diciembre, que Justicia Social ya realizó un proceso de selección interna (el escogido fue Fabricio Correa Delgado, quien renunció luego alegandoque el partido era manejado por su hermano Rafael Correa; en su lugar fue seleccionado Carlos Cassanelo), por lo que no cabe que realice otro. El CNE demanda al Contencioso respeto a sus competencias administrativas y decidió presentar esta demanda a la Corte Constitucional.
A su vez, el Contencioso ha enviado el expediente de Justicia Social a la Fiscalía, recalcando que existen indicios de responsabilidad penal por no haber acatado sus disposiciones en favor de Justicia Social. El Contencioso señala como responsables a los consejeros Enrique Pita, José Cabrera, Diana Atamaint y Luis Verdesoto, quienes aprobaron la resolución. La consejera Esthela Acero se abstuvo, y no fue denunciada.
Por su parte, Justicia Social ha pedido al Contencioso la destitución de los cuatro vocales del CNE, la pérdida de sus derechos políticos y una multa de 70 salarios básicos. La causa la tramita la jueza Patricia Guaicha, después de que se recusó al juez Ángel Torres, quien ya convocó a una audiencia oral a las autoridades y denunciantes, para el próximo 26 de diciembre.